MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, aseguró hoy que esta misma tarde o mañana el Gobierno enviará al Consejo de Europa la información adicional que solicitó a España en el marco de su investigación sobre los supuestos vuelos y centros de detención secretos de la CIA en territorio europeo.
"Esta tarde o mañana saldrá la respuesta a la única pregunta que faltaba por contestar y que el Consejo de Europa solicitaba al Gobierno español", dijo Moratinos en rueda de prensa en la sede de su Ministerio, junto al director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Mohamed ElBAradei . Mañana termina el plazo para presentar esta información adicional.
Fuentes diplomáticas precisaron que esta pregunta a la que aún debía responder el Gobierno español se refiere a los controles administrativos, políticos o de otro tipo ejercidos sobre los agentes extranjeros o españoles en territorio español.
El secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis, anunció el pasado 21 de noviembre que pediría información a los 46 Estados miembros del organismo sobre las presuntas actividades de la CIA en Europa. Tras recibir la información en febrero, el 10 de marzo volvió a escribir a 37 países, entre ellos España, para pedir que "completen o aclaren" sus respuestas, y el plazo termina mañana.
El texto de la misiva instaba a los Estados a que recuerden sus obligaciones "previstas por la Convención Europea de los Derechos del Hombre". Los países a los que se envió esta segunda carta son Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Noruega, Polonia, Portugal, Macedonia, Rumania, San Marino, Serbia y Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Turquía, Ucrania y Reino Unido. Con su investigación, Davis pretende aclarar tres cuestiones: qué control ejercen sobre actividades de agencias extranjeras en su territorio, qué medidas de seguridad emplean contra las privaciones secretas de libertad y por último qué respuestas otorgan sus leyes internas respecto a violaciones de Derechos Humanos, especialmente, aquellas relacionadas con agencias extranjeras.
Además, también pidió a los Gobiernos que respondieran a la cuestión de si desde el 1 de enero de 2002 alguno de sus responsables se había visto envuelto, por acción u omisión, en el traslado de presos secretos, especialmente en aquellos casos de detenciones instigadas por una agencia secreta".
