Consejo de Seguridad de la ONU
MIKE SEGAR / REUTERS
Actualizado: jueves, 17 diciembre 2015 22:34

NUEVA YORK, 17 Dic. (Reuters/EP) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha emitido este jueves una resolución en la que ha expresado su "preocupación" por la falta de colaboración por parte de algunos países para asfixiar las finanzas del Estado Islámico.

El órgano ejecutivo de la ONU ha adoptado por unanimidad el texto propuesto por Estados Unidos y Rusia en una inédita reunión de los ministros de Finanzas de los 15 miembros del Consejo de Seguridad que ha estado presidida por el estadounidense, Jack Lew.

La resolución ha servido para unificar la amplia lista de sanciones aprobadas en los últimos años contra Al Qaeda y el Estado Islámico, tales como el embargo de armas, el bloqueo de activos, prohibiciones de viaje y controles sobre el contrabando de petróleo y obras de arte.

La lista, elaborada por el rebautizado comité de sanciones contra Al Qaeda y el Estado Islámico, incluye un total de 243 individuos y 74 empresas en todo el mundo, pero principalmente de la región de Oriente Próximo.

"Ya tenemos muchas herramientas, ahora vamos a hilarlas, pero lo que más necesitamos en estos momentos es que los estados hagan lo que se supone que deben hacer", ha dicho un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

El Consejo de Seguridad "ha expresado su preocupación por la falta de implementación" de las resoluciones previas sobre sanciones, especialmente por "el insuficiente nivel de información" aportada por los estados sobre las medidas que han tomado para implementarlas.

Por ello, esta nueva resolución da a los países un plazo de 120 días para entregar dicha información y les pide específicamente que "intercepten en sus territorios cualquier producto petrolero y cualquier material relacionado (con el petróleo) transferido por o para" Al Qaeda o el Estado Islámico.

Los 15 miembros han subrayado además su preocupación por el fenómeno de los combatientes extranjeros que, de acuerdo con los expertos de Naciones Unidas, ascienden ya a 22.000 y proceden de un centenar de países en todo el mundo.

"Los estados deben evitar que sus ciudadanos financien o presten servicios a las organizaciones terroristas o a los individuos terroristas para cualquier propósito, incluido --pero no solo-- el reclutamiento y el entrenamiento", ha recordado.

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