Las organizaciones reclaman mejoras en el proyecto de ley sobre Comercio de Armas que incluyan "avances reales" en transparencia
MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones Amnistía Internacional (AI), Greenpeace e Intermón Oxfam denunciaron hoy que en el primer semestre de 2006 España siguió vendiendo material militar a países "en conflicto armado, con tensiones regionales o en los que existen graves y reiteradas violaciones de los Derechos Humanos, como China, Israel, Colombia, Marruecos e Indonesia", y lamentaron la "falta de información" sobre este tipo de exportaciones. Por ello, reclamaron mejoras en el proyecto de ley sobre Comercio de Armas presentado en diciembre por el Gobierno, a fin de que incluya "avances reales en transparencia de la información".
"Con varios meses de retraso, el Gobierno ha remitido al Congreso las estadísticas de exportación de Material de Defensa y de Doble Uso relativas al primer semestre de 2006, cuyas ventas supusieron 462,6 millones de euros", indicaron las tres organizaciones no gubernamentales (ONG) en un comunicado conjunto.
El análisis de los datos oficiales sobre las exportaciones realizadas en este periodo, "constata que armas españolas y productos y tecnologías de doble uso continúan llegando a países en conflicto armado, con tensiones regionales o en los que existen graves y reiteradas violaciones de los Derechos Humanos, como China, Israel, Colombia, Marruecos e Indonesia, entre otros", prosigue el comunicado.
"La preocupación por el hecho de que se vendan armas a estos países es aún mayor por la falta de información sobre el tipo de producto exportado, la naturaleza del usuario final y sobre los criterios valorados a la hora de aprobar esas exportaciones", lamentaron las tres organizaciones. "Dicho nivel de transparencia ya es ofrecido por otros países del entorno como Reino Unido, Alemania y Bélgica", añadieron.
Por ello, este análisis "pone nuevamente de manifiesto la necesidad urgente de que se apruebe en España una ley que permita conocer y controlar eficazmente las transferencias de armas", advirtieron AI, Intermón y Greenpeace.
TRANSPARENCIA
Además de la demora en la publicación de los datos, Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace lamentan que el informe del Gobierno "no presente ningún avance en transparencia respecto a los informes de años anteriores, lo que una vez más impide que pueda conocerse públicamente con exactitud qué tipo de armas se han vendido, a quién y con qué finalidad y, por tanto, realizar un efectivo control del comercio español de armas".
Los datos ofrecidos por el Ejecutivo, según el comunicado, tampoco incluyen información sobre las ventas autorizadas y todavía no realizadas. Estos datos, aseguran las tres ONG, serían "imprescindibles" para ejercer un "control previo de las exportaciones de armas, y no sólo a posteriori".
Aparte, las exportaciones de munición de caza y tiro deportivo tampoco aparecen en la última información proporcionada por el Gobierno sobre ventas de armas, "a pesar de las reiteradas peticiones de Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace de someter a control este tipo de armamento", prosigue el texto conjunto.
LEY DE COMERCIO DE ARMAS
Por todo ello, las organizaciones consideran "imprescindible" que se apruebe en España una ley que asegure la mayor transparencia y control de las trasferencias de armas, a fin de impedir que las armas españolas "lleguen a destinos equivocados en los que puedan utilizarse para cometer violaciones de los Derechos Humanos, para alimentar conflictos armados o avivar tensiones regionales".
En este sentido, las ONG advierten de que el proyecto de ley presentado por el Gobierno a finales de 2006 deberá mejorar sustancialmente durante su tramitación parlamentaria, a fin de incluir "avances reales en transparencia de la información".
El proyecto de ley, aseguran, debería exigir al Gobierno que informe al "mínimo detalle" sobre el tipo de producto exportado, sobre el destinatario y su uso final. Asimismo, debería establecer un mayor control mediante el refuerzo de los criterios de denegación, suspensión y revocación para impedir que las exportaciones de armas españolas lleguen a destinos equivocados.
La ley, continúa el comunicado, debería fijar medidas a fin de "poner fin a la discrecionalidad de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) para autorizar exportaciones de armas españolas" y debería prever la creación de una Comisión Parlamentaria Permanente de seguimiento que reciba información actualizada de forma trimestral.
El 29 de diciembre de 2006, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley sobre Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.
Las organizaciones, que durante más de una década han reclamado la aprobación de una ley que España que regule las transferencias de armas, mostraron su decepción por un proyecto de ley "poco ambicioso, que no presenta ningún cambio significativo con respecto de la situación actual".
En su reciente informe 'Una Ley con agujeros', las organizaciones critican el proyecto de Ley del Gobierno y presentan una serie de recomendaciones para el Gobierno y los grupos parlamentarios que deben ser incorporadas a la futura ley del comercio de armas "si España quiere mostrar un compromiso real con el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
COLOMBIA Y GUATEMALA
Las tres ONG firmantes lamentan las recientes informaciones sobre la venta a Colombia de obuses fabricados por una empresa asturiana, destinados a un batallón de artillería del Ejército colombiano. Al respecto, las organizaciones consideran necesario que el Gobierno explique "con la mayor prontitud" esta exportación, dando los detalles concretos de la venta, así como el tipo de producto y el destinatario.
"Colombia, junto a otros países, es desde hace años un destino preocupante de las armas españolas", se lee en el comunicado. "De confirmarse estas nuevas ventas, el Gobierno habría ignorado una vez más, varios criterios del Código de Conducta de la Unión Europea, por tratarse de un país en el que existe un conflicto armado caracterizado por las graves violaciones de los Derechos Humanos por parte de todos los actores armados", añadieron las organizaciones, en referencia al Ejército, la guerrilla y los paramilitares.
Por otra parte, el comunicado destaca que en la información oficial relativa al primer semestre de 2006 figura la venta de "otro material" a Guatemala por valor de más de 800.000 euros.
"Sin embargo, no es posible saber qué se ha vendido exactamente a un país en el que se producen preocupantes violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad y altos niveles de impunidad ante estos abusos", denuncian las tres organizaciones.
La categoría de "otro material" incluye, según el comunicado, diversas subcategorías y productos de seguridad, policial y antidisturbios, como sustancias incapacitantes, equipos de luz y sonido provocadores de aturdimiento, dispositivos restrictivos del movimiento de los seres humanos o equipos para provocar descargas eléctricas, entre otros. "Éste es otro claro ejemplo de la importancia de conocer con exactitud cuál es el producto exportado y cuál será su uso final", señala el comunicado.
