Los sobornos y la interferencia política, principales agentes corruptores en este sector
MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
La corrupción está socavando las bases de los sistemas judiciales a nivel mundial, negando a los ciudadanos el acceso a la justicia y el derecho humano básico a un juicio imparcial y justo, o incluso a veces, simplemente a un juicio, según el Informe Global de la Corrupción 2007: Corrupción en Sistemas Judiciales presentado hoy por Transparencia Internacional.
Para la organización internacional, el trato equitativo frente a la ley es "un pilar de las sociedades democráticas". "Cuando las cortes ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencia política, la balanza de la justicia se inclina y el ciudadano común se ve perjudicado," declaró la presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, antes de destacar que la corrupción judicial "implica que la voz del inocente no es escuchada, mientras que los culpables son libres de actuar con impunidad".
El nuevo Informe Global de la Corrupción concluye que una judicatura corrupta "erosiona la capacidad de la comunidad internacional para enjuiciar el delito transnacional e inhibe el acceso a la justicia y el resarcimiento por violaciones de Derechos Humanos. Además, mina el crecimiento económico dañando la confianza de la comunidad de inversionistas y dificulta las iniciativas de reducción de la pobreza.
Según explicó en Madrid el presidente de Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano, el informe distingue entre dos motivos fundamentales de corrupción en los sistemas judiciales: la interferencia política procedente de los poderes legislativo y ejecutivo y los sobornos.
La última encuesta global de TI sobre las posturas frente a la corrupción revela que en más de veinticinco países, al menos uno de cada diez hogares tuvo que pagar un soborno para obtener acceso a la justicia. En otros veinte países, más de tres de cada diez hogares informaron que a fin de obtener acceso a la justicia o un resultado "justo" en un tribunal, tuvieron que recurrir al soborno. En Albania, Grecia, Indonesia, México, Moldavia, Marruecos, Perú, Taiwán y Venezuela, el número es mayor.
Para el vicepresidente de TI y presidente de la Unión Panafricana de Abogados, Akere Muna, "si el dinero y la influencia son la base de la justicia, los pobres no pueden competir". "El soborno no sólo hace inasequible la justicia, sino que arruina la capacidad del sistema de justicia de luchar contra la corrupción y de servir como modelo para la independencia y rendición de cuentas", agregó.
Según una encuesta realizada en 2002, en Pakistán el 96 por ciento de los encuestados que habían acudido a los tribunales menores tuvieron que involucrarse en práctica corruptas, mientras que en Rusia se estima que cada año se gastan aproximadamente 210 millones de dólares en sobornos dentro de las cortes de derecho.
PRESIÓN A LOS JUECES
En el Informe Global de la Corrupción 2007 se estipula que pese a décadas de reformas para proteger la independencia judicial, la presión para fallar a favor de intereses políticos sigue siendo intensa. Aunque a escala mundial muchos jueces efectivamente actúan con integridad, los problemas persisten.
Según Transparencia Internacional, el deterioro de estándares internacionales se evidencia en países como Argentina y Rusia, "donde los poderes políticos han aumentado su influencia sobre el proceso judicial en años recientes".
Además, indica, en Argelia, los jueces considerados demasiado independientes son transferidos a localidades remotas y Kenia, como parte de una campaña anticorrupción que fue ampliamente percibida como un artificio de conveniencia política, se presionó a los jueces para que dimitieran sin habérseles informado sobre los alegatos que pesaban contra ellos.
La interferencia de políticos o empleados civiles también puede servir de fachada "legal" para instrumentar el desfalco, nepotismo, amiguismo y decisiones políticas ilegítimas, advierte la organización, que señala que esta interferencia puede ser tan flagrante como la amenaza física e intimidación y tan sutil como la manipulación de nombramientos, sueldos y condiciones de servicio judiciales.
Mientras tanto, el soborno puede ocurrir a lo largo y ancho de la estructura del proceso judicial. Según lo demuestran los informes de 32 países en el Informe Global de la Corrupción, los jueces pueden aceptar sobornos para aplazar o acelerar casos, aceptar o rechazar apelaciones, influir a otros jueces o simplemente para decidir un caso de un modo determinado.
Además, los funcionarios del tribunal pueden demandar sobornos por servicios que deberían ser gratuitos; los abogados pueden cobrar "cuotas" adicionales para acelerar o atrasar casos, o para derivar a clientes a jueces conocidos por su disposición al soborno.
Entre los factores que afectan la susceptibilidad de un juez se incluye el sueldo precario. Las condiciones laborales inseguras, incluidos los procesos de ascenso y transferencia injustos y la falta de capacitación continua, también provocan la vulnerabilidad al soborno en los jueces y personal de la corte.
Ante este panorama, la organización internacional propone como soluciones la independencia, la transparencia, recursos adecuados y la rendición de cuentas, si bien reconoce que "no existe una solución única para luchar eficazmente contra estos problemas" y hay que emplear "todo un abanico de soluciones que ofrezca un enfoque integral".
De esta manera, el Informe Global de la Corrupción 2007 ofrece recomendaciones detalladas para promover la independencia y rendición de cuentas judiciales, alentar la integridad individual, aumentar la aplicación efectiva de la ley y salvaguardar la judicatura contra la influencia política.
Así, considera, las nominaciones y destituciones de jueces y fiscales deben ser transparentes, independientes del poder ejecutivo y legislativo, y basarse en la experiencia y el desempeño. Mientras, los periodistas deben contar con la libertad necesaria para monitorear y opinar sobre procedimientos jurídicos y comunicar información fidedigna en materia de leyes, cambios propuestos en la legislación y procedimientos y fallos del tribunal al público.
Para Transparencia Internacional, el papel supervisor de la sociedad civil es "de importancia imperativa". "Al supervisar y emitir opiniones sobre la selección de jueces, disciplina y códigos de conducta judiciales, el manejo de casos de las cortes y la toma de decisiones de los jueces, la sociedad civil puede atraer atención hacia los puntos débiles sistémicos que facilitan la corrupción y poner a los Gobiernos sobre aviso de que se les reclamará el cumplimiento de sus promesas anticorrupción", señala el informe.
