Crónica EEUU.- La FEMA derrochó 30 millones de dólares en 2006, según refleja el último informe de supervisión federal

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) continúa recibiendo críticas dos años después del desastre que supuso el paso del huracán Katrina sobre la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, esta vez a través de un nuevo informe redactado por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno Federal (GAO) que acusa al departamento dirigido por Robert David Paulison de haber derrochado, en el último año, 30 millones de dólares, al seguir ubicando a los supervivientes en casas prefabricadas a un coste por el que los podían haber instalado en casas de cinco habitaciones.

La Oficina de Responsabilidad Federal, que está supervisada directamente por el Congreso estadounidense, señala en su informe que la FEMA no ha hecho ningún intento de reducir costes. Por ejemplo, los contratistas que ahora se encargan de la limpieza de la ciudad de Nueva Orleans no son los que habían ofrecido sus servicios al coste más bajo. La agencia, además, parece haber gastado 15 millones de dólares en teóricas inspecciones de daños que nunca tuvieron lugar, ya que no existen pruebas que las demuestren. Y a todo ello hay que sumar que el informe insinúa que el departamento falsificó documentos y realizó reparaciones de emergencia en casas prefabricadas que no eran de su propiedad.

El borrador del informe, al que ha tenido acceso el diario estadounidense 'Washington Post', estima que la FEMA "ha derrochado decenas de millones de dólares" durante los dos años que han pasado tras la catástrofe que provocó casi 2.000 muertos, más de 700 desaparecidos y más de 100.000 millones de dólares en daños materiales sólo en Nueva Orleans, "debido a una gestión pobre y a la puesta en marcha de una serie de controles absolutamente ineficaces". Además, el documento final de la GAO será inmediatamente remitido al Departamento de Justicia para que investigue cualquier tipo de irregularidad criminal que el informe pueda sacar a la luz.

No es la primera vez que la FEMA se encuentra en el punto de mira del Congreso estadounidense. Sucesivas investigaciones emprendidas desde el inicio de la investigación sobre la pobre respuesta federal tras la llegada del huracán a la costa del Golfo el pasado 29 de agosto de 2005, revelan que el organismo federal gastó 3.400 millones de dólares en nuevos contratos, adjudicados a empresas privadas sin realizar antes una puja previa a la baja, es decir, en contra del procedimiento habitual que se suele seguir en estos casos: los contratos se adjudican a la empresa que se ofrece más barato.

La mayoría del Congreso entiende que este derroche de dinero es síntoma de un problema mucho mayor. A pesar de los cambios en su política iniciados con la destitución de su anterior director Michael Brown, la agencia sigue sin haber desarrollado una estrategia que se demuestre útil y fiable en el caso de que tenga lugar una nueva catástrofe en el país.

"El contribuyente estadounidense debería sentirse tan ultrajado como yo, sabiendo que la FEMA ha tirado por la ventana la mitad de los 60 millones que se ha gastado en las casas prefabricadas de Missisipi", declaró ayer el presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, el independiente por Connecticut, Joseph I. Lieberman.

No es el único. La senadora por Maine y máxima representante republicana del mismo comité, Susan Collins, acusó a la FEMA de realizar "inspecciones falsas", de construir "casas prefabricadas 'fantasma'", y de seguir "desperdiciando de forma inaceptable, millones de dólares de los contribuyentes".

LA FEMA RECHAZA EL INFORME

En su primera respuesta a la publicación de este informe, la FEMA ha reconocido pasados errores de gestión, "lo que no es nuevo", pero sí que ha rechazado las acusaciones de negligencia actuales, respondiendo que ha triplicado el personal destinado a la concesión de nuevos contratos, y que ha desarrollado "varios cientos" de procedimientos adicionales que deberán ser aplicados por los departamentos de emergencias estatales en futuros desastres, según un comunicado.

Así, la agencia lamentó el interés del Congreso en "proyectar los errores cometidos en el desastre del Katrina sobre la FEMA tal y como hoy la conocemos", según el comunicado remitido esta semana por su portavoz, James McIntyre, rechazando el informe al tiempo que defendía los recortes de gastos aplicados en las localidades que albergan a las todavía más de 50.000 familias damnificados por la catástrofe, como por ejemplo la Bahía de St. Louis, cuyo "campo de refugiados" fue clausurado el pasado 31 de agosto, ahorrando 229.000 dólares de gasto por cada casa prefabricada.

La agencia ha intentado cerrar otros campamentos, que no sólo causan descontento entre el Gobierno federal por su alto coste de mantenimiento, sino que son fuente de impopularidad entre las comunidades locales por suponer un foco de inseguridad ciudadana. Además, muchas de estas casas emiten altos niveles de gas tóxico formaldehído --más conocido como metanal-- altamente inflamable.

Lieberman consideró que las declaraciones de la FEMA no son más que excusas mal planteadas, ya que "los contratos fueron adjudicados en 2006, mucho después del paso del huracán, y que todavía siguen en vigor". "La FEMA todavía tiene mucho que mejorar", concluyó Lieberman.

EJEMPLOS

El informe de la GAO expuso numerosos ejemplos de contratos "manipulados" y pagos "excesivos". La FEMA podría haberse gastado 32,5 millones en lugar de los 48,2 que terminó pagando a las empresas privadas que se encargan de mantener los campamentos, y que podría haberse ahorrado si hubiera concedido estos contratos a los cinco solicitantes más baratos.

En otro caso, la FEMA pagó casi dos millones de dólares para limpiar el sistema de alcantarillado de un campamento con 61 casas prefabricadas. La GAO estima que el contratista se embolsó un millón y medio de esa cantidad, mientras que el medio millón restante fue empleado en una subcontrata. El informe denuncia que la FEMA, al descubrir esta operación, no ejecutó el derecho que le permite cancelar el contrato y reasignarlo a una compañía más barata.

La FEMA, además, ha concedido contratos de asfaltado por valor de cuatro millones de dólares, cuando algunas compañías ofrecían servicios de igual calidad por 800.000 dólares. A lo que hay que añadir contratos firmados bajo propuestas falsas o delito de manipulación de las pujas al informar a las compañías de los precios que se estaban poniendo sobre la mesa. Empresas en las que, en muchos casos, el presidente y su gestor de operaciones eran la misma persona.