Amnistía Internacional denuncia que el sistema judicial norteamericano "niega la justicia" a las víctimas
WASHINGTON, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las mujeres indígenas de Estados Unidos sufren unos índices "desproporcionadamente elevados de violación y violencia sexual", pero el Gobierno federal ha creado importantes barreras que dificultan el acceso a la justicia a estas mujeres, según denunció hoy Amnistía Internacional (AI).
En un informe hecho público hoy, la organización de Derechos Humanos revela que las cifras del Departamento de Justicia indican que las mujeres indígenas tienen 2,5 veces más probabilidades de ser violadas o sufrir agresiones sexuales que las mujeres de Estados Unidos en general. Aparte, "más de una de cada tres mujeres indígenas serán violadas en el transcurso de su vida".
"Los elevados índices de violencia sexual que experimentan las mujeres indígenas en Estados Unidos se agravan debido a fallos en todos los niveles del sistema de justicia", declaró la secretaria general adjunta ejecutiva de Amnistía Internacional, Kate Gilmore.
El informe, titulado 'Laberinto de injusticia: Falta de protección de las mujeres indígenas frente a la violencia sexual en Estados Unidos', se centra básicamente en tres regiones que plantean desafíos jurisdiccionales diferenciados: Oklahoma (noroeste), Alaska (centro) y la Reserva Sioux de Standing Rock (Dakota del Norte y Dakota del Sur, en el centro-norte del país). El informe revela, según AI, que cualesquiera que sean el lugar o el marco legal, el resultado es el mismo, "la negación de justicia a muchas mujeres indígenas que han sufrido violencia sexual".
El informe advierte también de que las cifras oficiales, por muy inquietantes que sean, subestiman gravemente el problema porque muchas mujeres tienen demasiado miedo de la inacción para denunciar sus casos.
Según una trabajadora de apoyo de Oklahoma citada en el documento, de los 77 casos de agresión sexual o violencia doméstica en los que estaba trabajando y que afectaban a mujeres indígenas, sólo tres víctimas denunciaron sus casos a la policía.
LAS TRABAS DEL GOBIERNO
El Gobierno de Estados Unidos, según el informe, ha creado un complejo laberinto de jurisdicciones tribales, estatales y federales "que a menudo permite a los responsables de violaciones actuar con impunidad, y en algunos casos crea de hecho vacíos jurisdiccionales que alientan las agresiones".
En virtud de este sistema, es necesario establecer el lugar en el que se cometió el delito y la identidad del responsable para determinar qué autoridades tienen jurisdicción, "y en este proceso se pierde un tiempo decisivo", según AI. El resultado de estas deficiencias, señala el informe, son "investigaciones inadecuadas o falta de respuesta".
Otras complicaciones, según Amnistía, son la falta de profesionales de medicina legal para casos de agresión sexual debidamente capacitados en las instalaciones del Servicio Indígena de Salud que se ocupen de los exámenes forenses y la posibilidad de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley manejen de forma incorrecta las pruebas cuando utilizan materiales para la recogida de pruebas en casos de violación.
El resultado de todo ello, según el informe, es que en muchos casos las mujeres indígenas no reciben una respuesta oportuna de la Policía, y en el supuesto de que reciban respuesta "pueden no ser sometidas a exámenes médicos forenses" o "pueden ver que sus casos no llegan a ser objeto de procesamiento".
"Las mujeres indígenas sufren un trato brutal en una proporción alarmante, y es lamentable que el Gobierno de Estados Unidos, supuesto defensor de los derechos de la mujer, esté contribuyendo al problema", afirmó el director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos, Larry Cox.
"Es vergonzoso que tales abusos incluso existan en nuestros días", prosiguió. "Si no se toman medidas inmediatas, una situación que ya es terrible e indignante para las mujeres podría quedar aún más fuera de control", advirtió. "Ha llegado la hora de poner fin a estos abusos contra los Derechos Humanos que se vienen cometiendo sin trabas desde la fundación de este país", manifestó Cox.
AGRESORES NO INDÍGENAS
Por otra parte, se lee en el informe, el Gobierno de Estados Unidos ha menoscabado la autoridad de los sistemas de justicia tribal para responder ante los delitos de violencia sexual al no facilitarles de forma sistemática fondos en cantidad suficiente.
La legislación federal limita a un año de privación de libertad la pena que los tribunales tribales pueden imponer por cada delito y prohíbe a éstos juzgar a los sospechosos no indígenas, aun cuando datos recogidos por el Departamento de Justicia indican que al menos el 86 por ciento de los responsables son hombres no indígenas.
Además, las investigaciones de Amnistía Internacional indican que en los ámbitos estatal y federal no se da curso a casos de violencia sexual contra mujeres indígenas en los que están implicados presuntos autores no indígenas.
Un ex fiscal federal manifestó a Amnistía Internacional: "Es difícil tramitar las causas en que hay una víctima indígena y un presunto autor no indígena". Una vez desestimado un caso en el ámbito estatal o federal, las supervivientes de violación no disponen de otros recursos en virtud de la legislación penal.
"Cuando los ancianos dicen, 'demasiadas de nuestras mujeres y niñas han sido violadas', sabemos que debemos reunirnos para superar la oscuridad y poner fin al silencio. Lo que no reconocemos, lo llevamos con nosotros", aseguró la directora ejecutiva y presidenta del Centro Indígena de Justicia de Alaska, Denise Morris, que intervino en la presentación del informe de Amnistía Internacional.
"El Gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad legal y moral de proporcionar recursos a las organizaciones indígenas para que puedan comenzar a desarrollar soluciones y promover la curación y el bienestar en el ámbito de la comunidad", añadió Morris.
