Es la primera vez que Moreno Ocampo actúa en un caso en que las acusaciones por violencia sexual superan a las de asesinatos
LA HAYA, 22 May. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, anunció hoy la apertura de una investigación sobre "crímenes graves", como homicidios, violaciones y saqueos, cometidos en la República Centroafricana (RCA) entre 2002 y 2003 en el contexto de los enfrentamientos armados entre las fuerzas del Gobierno y grupos rebeldes, según informó el Tribunal en un comunicado. Se trata de la primera vez que el TPI abre una investigación en la que las acusaciones por crímenes sexuales superan ampliamente a las de asesinatos.
"Mi oficina ha analizado con atención las informaciones procedentes de diversas fuentes" y "pensamos que en la República Centroafricana se cometieron crímenes graves que entran en la competencia del Tribunal", declaró Moreno Ocampo, citado en un comunicado. "Vamos a iniciar nuestra propia investigación de forma independiente, reunir pruebas y perseguir a los principales responsables", añadió.
Un primer análisis de los crímenes revela que entre octubre de 2003 --tras un intento fallido de golpe de Estado del general Françóis Bozizé contra el entonces presidente Ange-Félix Patassé-- y marzo de 2003 --con la subida al poder del propio Bozizé-- "se alcanzó un pico de violencia y criminalidad", se lee en el informe del fiscal del TPI. Gran parte de los crímenes fueron cometidos en los alrededores de la capital, Bangui, pero también se han registrado casos en zonas más alejadas.
En ese periodo, se cometieron "los más graves crímenes", como asesinatos, actos de saqueo y violaciones. Aparte, se constatan "violaciones y otros actos de violencia sexual perpetrados a gran escala por individuos armados", prosiguió el Tribunal, con sede en La Haya. De hecho, "la violencia sexual parece haber constituido un componente central del conflicto", aseveró el texto de la Oficina del Fiscal.
DELITOS SEXUALES
Se trata de la primera vez que el fiscal general del Tribunal Penal Internacional abre una investigación en la que las acusaciones por crímenes sexuales superan ampliamente a las de asesinatos.
Según Moreno Ocampo, "las acusaciones por crímenes sexuales están precisadas y apoyadas" en datos. En ese periodo, según la Oficina del Fiscal, se ha identificado al menos a 600 víctimas de violaciones "en un corto periodo de cinco meses". "Es probable que las cifras sean más elevadas, pues los actos de esta naturaleza suelen subestimarse en los balances", advirtió el fiscal. "Por las informaciones de que disponemos, el número de violaciones fue tal que no es posible que sean ignoradas por el Derecho Internacional", añadió.
La Oficina del Fiscal ha recibido los testimonios de cientos de víctimas de violaciones, cometidas "con especial crueldad", prosiguió el comunicado. Las víctimas describen violaciones sufridas en público, actos de violencia cometidos por varios agresores a la vez, violaciones en presencia de miembros de sus familias y otras agresiones a que fueron sometidas mientras ofrecían resistencia.
Entre las víctimas figuran mujeres de todas las edades --desde ancianas hasta niñas-- e incluso hombres. El impacto social de estas agresiones "ha sido devastador", ya que muchas de estas personas, según Moreno Ocampo, fueron posteriormente rechazadas por sus familias y por sus comunidades y un número no precisado de ellas "habrían sido infectadas con el VIH". "Estas víctimas reclaman justicia", manifestó.
El propio Gobierno de la República Centroafricana --que desde octubre de 2001 es Estado parte del Estatuto de Roma, por el que se constituyó el Tribunal-- había remitido el caso ante el fiscal general del TPI.
Poco antes, la Corte de Casación había concluido que la Justicia centroafricana no tenía medios para iniciar un proceso contra el ex presidente Patassé, el ex vicepresidente de la República Democrática del Congo (RDC) Jean-Pierre Bemba, el ex jefe de la guardia presidencial de Patassé, Abdoulaye Miskine, el chófer del ex presidente Victore Ndoubabé y el ex policía francés Paul Barril, todos ellos acusados de ser los responsables de la represión posterior al intento de golpe de Estado.
Esta decisión, según el Tribunal, constituye "un elemento importante, ya que según el Estatuto de Roma el TPI es una instancia de último recurso y sólo interviene en situaciones en las que las autoridades judiciales nacionales no pueden o no quieren iniciar procesos con garantías".
La Oficina del Fiscal ha decidido abrir la investigación después de analizar las informaciones aportadas por el Gobierno, por las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones internacionales y otras fuentes "bien informadas".
Los investigadores que trabajan en la Oficina del Fiscal "quieren ahora empezar a recoger elementos de prueba y se concentran en el periodo en el que se alcanzó el pico de violencia". "La investigación no se dirige en esta fase contra ningún sospechoso en particular y se guiará exclusivamente por las pruebas que salgan a la luz", aseguró el TPI.
LA SITUACIÓN ACTUAL
Aparte de esta investigación, la Oficina "sigue llamando la atención sobre la situación actual en la República Centroafricana", de donde llegan "informes inquietantes" sobre actos de violencia y crímenes cometidos en el norte del país, en los confines con Chad y Sudán.
"El lanzamiento de esta investigación criminal se produce en un contexto de inseguridad y de deterioro de las condiciones humanitarias en el país, en particular para las personas desplazadas y los niños", aseguró el Tribunal de La Haya. En este sentido, "la Oficina del Fiscal apoya los esfuerzos de Naciones Unidas y de otros intervinientes para conseguir una solución que permita el establecimiento de una paz duradera, la llegada de asistencia humanitaria y el fomento del desarrollo y la educación", manifestó.
"A fin de disuadir de futuros actos de violencia y de promover una paz duradera en la región, nuestro deber es demostrar que nadie puede cometer crímenes a gran escala con total impunidad", advirtió la Oficina del Fiscal. "Jugaremos nuestro papel a través de nuestro mandato judicial", declaró Moreno Ocampo.
SATISFACCIÓN EN LA FIDH
La Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), y más concretamente las dos organizaciones centroafricanas integradas en sus filas, la Liga Centroafricana de Derechos Humanos (LCDH) y la Organización para la Compasión y el Desarrollo de las Familias Desamparadas (OCODEFAD), han aplaudido la acción anunciada hoy por el TPI.
La propia FIDH "ha informado de numerosos testimonios sobre casos de civiles gravemente heridos o muertos durante los combates, de ejecuciones sumarias, de saqueos y de violaciones sistemáticas y generalizadas utilizadas como verdadera arma de guerra", afirmó la Liga en un comunicado.
Por ello, la organización pidió una investigación "justa y eficaz sobre todos los crímenes cometidos entre 2002 y 2003 y desde esta fecha, en particular sobre los crímenes sexuales", y reclamó al Gobierno de Bangui que coopere "plenamente" con el TPI y garantice la seguridad de todas las personas, "víctimas, familias y responsables asociativos, que podrían ser amenazadas en su integridad física y moral debido a la apertura de la investigación".
Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) afirmó que la decisión de Moreno Ocampo ayudará a "poner fin a décadas de impunidad". La investigación del TPI "podría llevar la justicia a las víctimas que han sufrido abusos durante años sin que nadie responda de ellos", declaró el director del Programa Internacional de Justicia de HRW, Richard Dicker. "El fiscal debería seguir reuniendo información sobre los crímenes cometidos recientemente en el norte de la RCA", prosiguió.
