Advierte del "creciente hostigamiento" de las autoridades a las ONG y los medios de comunicación críticos con el Kremlin
LONDRES, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la "gradual y progresiva" represión de las libertades de expresión, asociación y reunión en la Federación Rusa a medida que se acercan las elecciones del próximo 2 de marzo y la consiguiente reducción del espacio con que cuentan los activistas de Derechos Humanos, las organizaciones independientes y los medios de comunicación rusos para expresar sus opiniones críticas con el Kremlin.
En su informe titulado 'Libertad limitada. El derecho a la libertad de expresión en la Federación Rusa', Amnistía Internacional denunció hoy el "creciente hostigamiento" a que están sometidas la libertad de expresión, de reunión y de asociación en la Federación Rusa, que constituyen "la piedra angular para una sociedad civil activa".
"Las autoridades rusas están restringiendo estas libertades en el marco de su estrategia para contrarrestar lo que denominan influencia occidental y, de este modo, incumplen sus obligaciones nacionales e internacionales de garantizar estos derechos para todos", afirmó la directora del Programa de Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, Nicola Duckworth.
Según AI, a medida que se acercan las fechas de las elecciones parlamentarias y presidenciales se está apreciando un incremento de la represión de las libertades de reunión y de expresión.
Las autoridades han disuelto violentamente algunas manifestaciones de la oposición, mientras que los actos progubernamentales se desarrollan sin problemas, denunció la organización. Por otra parte, prosiguió, las fuerzas de seguridad y los organismos encargados de hacer cumplir la ley han hostigado a activistas de Derechos Humanos y a periodistas que cubrían informativamente manifestaciones y reuniones públicas.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
"En un país donde el Estado controla la televisión y muchos otros medios de comunicación, cada vez hay menos espacio para la información independiente", denunció AI. Los periodistas que intentan informar con independencia se encuentran con obstáculos para desarrollar su labor profesional y a veces sufren actos de intimidación y la posibilidad de ser enjuiciados, prosiguió la organización.
Por ejemplo, la fiscalía ha pedido en reiteradas ocasiones a la emisora de radio Eco de Moscú que entregase transcripciones de sus programas, en los que supuestamente se han difundido "opiniones extremistas". Amnistía Internacional también ha expresado su "gran preocupación" porque la investigación sobre el asesinato de la periodista de derechos humanos Anna Politkovskaya "parece no avanzar en determinar quién ordenó su muerte".
"La libertad de expresión es en primer lugar, y sobre todo, la libertad para expresar puntos de vista alternativos", afirmó Duckworth. "El ataque continuo contra este derecho, incluidas las restricciones a los derechos a la libertad de reunión y de asociación, tiene un efecto sofocante en el conjunto de la sociedad", añadió la responsable.
"Sin el derecho a la libertad de expresión, se podrían violar con más facilidad otros Derechos Humanos fundamentales", advirtió. "El silencio es el mejor caldo de cultivo para la impunidad, una poderosa herramienta para menoscabar el Estado de derecho", añadió.
LEY SOBRE ONG
En su informe, Amnistía recuerda la ley de 2006 sobre organizaciones no gubernamentales (ONG), que "con sus onerosos requisitos sobre presentación de informes es uno de los instrumentos legales que se están empleando para actuar contra algunas organizaciones consideradas una amenaza para la autoridad del Estado". Otros instrumentos legales, según la organización, son la ley del 2002 para combatir las actividades extremistas, la ley de tributos y el Código Penal de la Federación Rusa.
Como consecuencia de estas leyes, muchas ONG se encuentran envueltas en trámites burocráticos impuestos por las autoridades "que les restan un tiempo precioso que necesitan para realizar su auténtica labor", denunció AI.
Por ejemplo, la organización no gubernamental Golos (Voz), que trabaja para promover unas elecciones justas e imparte formación a observadores electorales, está envuelta en una batalla legal para impedir el cierre de su oficina en Samara (sureste de la parte europea de Rusia).
Aparte, las autoridades han denegado la inscripción legal a la Casa Arco Iris, una ONG de activistas por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Previamente había sido clausurada la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena, que recababa y difundía información sobre la situación de los derechos humanos en Chechenia y otras partes de la Federación Rusa.
