GINEBRA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Sudán ha "orquestado y participado" en los crímenes a gran escala perpetrados contra la población civil de la región de Darfur, donde la situación continúa empeorando. Estas son algunas de las principales conclusiones de la misión de alto nivel realizada, bajo petición del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por un grupo de observadores dirigidos por la premio Nobel de la Paz Joddy Williams.
Además de acusar directamente a Jartum de estar detrás de algunos de los graves crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad ocurridos en los últimos tres años en la región del oeste de Sudán, la misión señala con el dedo a la comunidad internacional, asegurando que la mayoría de sus iniciativas han fracasado hasta ahora, y pidiéndole que se implique en la protección de los civiles. Señala que "por muy importantes que sean" los pasos que se hayan dado hasta ahora, "no se han demostrado adecuados para asegurar una protección efectiva sobre el terreno". Al menos 200.000 personas han muerto.
En concreto, la misión de alto nivel concluye que la situación actual en Darfur, a donde las autoridades no les han permitido la entrada, está "caracterizada por graves y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos y graves incumplimientos de la ley humanitaria internacional". Según el informe, después de cuatro años de enfrentamientos, los "crímenes de guerra y contra la humanidad continúan en toda la región".
"El principal patrón es el de una campaña de violenta contrainsurgencia llevada a cabo por el Gobierno de Sudán junto a las milicias janjaweed, y que tiene como blanco principalmente a civiles", explica. Además, "las fuerzas rebeldes son también culpables de serios abusos a los Derechos Humanos y violaciones de la ley humanitaria", dice.
Entre el 5 de febrero y 5 de marzo, los miembros de la misión visitaron Addis Abeba (Etiopía), Yamena (Chad), Abeche (Chad) y los campamenos de refugiados del este de Chad, donde se entrevistaron con cientos de personas relevantes, revisaron documentos sobre el tema y evalularon la situación de Derechos Humanos y las necesidades existentes. Sin embargo, no pudieron entrar en territorio sudanés, después de que las autoridades les negaran en repetidas ocasiones los visados.
PRINCIPAL OBJETIVO: LOS CIVILES
En el informe, de 35 páginas, la misión establece que "con el surgimiento de una rebelión armada en la región, y el reclutamiento por parte del Gobierno de milicias para responder a la rebelión, los civiles se convirtieron en los principales objetivos y víctimas".
Tras los crímenes sufridos por los civiles están las fuerzas gubernamentales que "con frecuencia actúan conjuntamente con las milicias de los janjaweed, incluyendo en violaciones de los Derechos Humanos" y los movimientos rebeldes. Esta situación ha provocado también el aumento de las actividades criminales comunes.
Los testigos, víctimas y observadores con los que la misión se reunió, así como los documentos consultados, permitieron concluir que "el asesinato de civiles en Darfur continúa generalizado". De hecho, "la violencia ha aumentado desde finales de 2005 y ha continuado sin disminuir en 2007".
"Las descripciones de estos ataques indican que las tácticas utilizadas (en los últimos meses) son muy similares a las usadas durante el punto más crítico de la guerra en Darfur a finales de 2003 y 2004, caracterizadas por la coordinación de las operaciones entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las milicias apoyadas por el Gobierno, la falta de respeto a los principios de distinción y proporcionalidad y las graves violaciones de los Derechos Humanos internacionales y la ley humanitaria", señala el informe.
Además, "las violaciones y la violencia sexual están extendidas en todo Darfur, incluyendo casos de violaciones en grupos organizados" y, desde mayo de 2006, "también se ha registrado violencia sexual en ataques intra tribales". El informe denuncia que a pesar de los patrones "bien conocidos" de violaciones a mujeres alrededor de los campamentos de refugiados, "las autoridades han hecho poco para disminuir la amenaza o para investigar los casos registrados".
También pone de relieve cómo continúan las detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad gubernamentales en Darfur, y que afectan, entre otros, a abogados, líderes tribales, sudaneses que trabajan para organizaciones internacionales o que son percebidos como demasiado próximos a la comunidad internacional, miembros de las etnias predominantes en los grupos rebeldes y sudaneses que manifiestan abiertamente su oposición al acuerdo de paz firmado el pasado año entre el Ejecutivo y uno de los principales grupos rebeldes. También han sido objetivo de arrestos sudaneses procedentes de Darfur que viven en Jartum.
Mientras, los civiles también sufren los ataques de la otra parte. Según la misión de la ONU, los civiles han sido objetivo de ataques, violaciones y torturas. Según el informe, "muchos de los actos violentos cometidos por los rebeldes tienen que ver con la fragmentación de los grupos rebeldes y los combates entre rebeldes que estallaron primero en marzo y abril de 2006 en Darfur Norte". Además, la situación "se ha exacerbado más por el aumento de actos de bandidaje por elementos criminales armados que se aprovechan del caos".
PROPAGACIÓN DEL CONFLICTO
Todo este panorama ha provocado, además de los al menos 200.000 muertos, que más de dos millones de personas hayan abandonado sus casas. Según el informe, sólo en enero de 2007 se produjeron 25.000 desplazamientos internos, que se suman a los dos millones en las tres regiones de Darfur. Además, unas 233.000 personas están refugiadas en el este de Chad.
De hecho, el conflicto ha salpicado al vecino Chad, donde la situación interna tampoco es un remanso de tranquilidad. El informe constata que "los ataques transfronterizos en Chad por parte de los janjaweed y la respuesta de los rebeldes y las fuerzas chadianas han resultado en un dramático aumento de los desplazados internos chadianos".
Además, asegura que, a día de hoy, el conflicto "está teniendo también un creciente impacto en la República Centroafricana". Por ello, la misión de alto nivel advierte de que, si no es resuelto de una manera significativa y justa, llevando la paz y la seguridad a los sudaneses de Darfur, la guerra "puede tragarse la región"
Mientras, la ayuda humanitaria se convierte cada día en algo más difícil de hacer llegar a la población civil. Según el informe, "los ataques contra trabajadores humanitarios, los obstáculos y la interferencia a la ayuda humanitaria por parte del Gobierno y las milicias armadas han aumentado durante 2006 y 2007". Además, los autores del texto incluso aseguran que el acceso es ahora "peor que en 2004". "En los últimos meses de 2006, fueron asesinados más cooperantes que en los dos años anteriores juntos", sentencia.
Con este transfondo, la misión pide al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que "tome acciones más urgentes para asegurar la protección efectiva de la población civil de Darfur", incluyendo "el despliegue de la fuerza de paficación y protección de la ONU y la UA y la plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional", que el pasado mes acusó a un antiguo ministro de Estado sudanés encargado de la Seguridad en Darfur, Ahmed Mohamed Harun, y al líder de las milicias paragubernamentales 'janjaweed', Alí Mohamed Alí Abd-al-Rahman (alias 'Alí Kashib'), de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad contra la población civil de esta región del oeste de Sudán.
Asimismo, insta tanto al Gobierno de Sudán como a los movimientos rebeldes a que cooperen con las instituciones internacionales y pongan fin a sus ataques contra la población civil.