El Consejo de Derechos Humanos aprueba la creación de un grupo especial de trabajo para Sudán
GINEBRA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó hoy su "profunda preocupación" por las "graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en Darfur", pero se abstuvo de criticar al Gobierno de Sudán en relación con las atrocidades cometidas en esta región del oeste del país africano. Asimismo, aprobó la creación de un grupo especial encargado de trabajar con el Ejecutivo de Jartum y con los organismos humanitarios de la Unión Africana para mejorar la situación de los Derechos Humanos en este país.
El Consejo aprobó hoy por consenso una resolución que es el resultado de una transacción entre el documento expuesto por los países de la Unión Europea --en el que explícitamente se acusaba a Jartum de las violaciones de Derechos Humanos-- y el presentado por el llamado 'grupo africano', liderado por Argelia. Precisamente hoy concluye el cuarto periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se ha reunido en Ginebra desde el pasado 12 de marzo.
El texto resultante se alcanzó después de que Alemania accediera a que se retirase cualquier mención a la responsabilidades de Jartum en "los ataques armados contra la población civil y los trabajadores humanitarios, la generalizada destrucción de aldeas y la continua y extendida violencia".
La resolución "toma nota" del informe elaborado por una misión especial enviada por el propio Consejo entre febrero y marzo de este año a Sudán, en el que se acusaba abiertamente a Jartum de haber "orquestado" los crímenes de guerra perpetrados por los paramilitares árabes 'janjaweed' contra los civiles de Darfur. La misión estaba formada por un grupo de expertos liderados por la estadounidense Jody Williams, galardonada en 1997 con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en favor de la eliminación y limpieza de las minas antipersonales.
Curiosamente, el primer punto de la resolución "toma nota con pesar" del infructuoso intento de la misión del Consejo de visitar la región, pero no hace alusión ninguna al hecho de que fue precisamente el Gobierno sudanés el que impidió la entrada a los miembros de la misión, a quienes Jartum negó sus visados con el argumento de que no eran imparciales. El Consejo tampoco lamenta que el Ejecutivo sudanés no adoptara las recomendaciones del grupo de expertos --que son el resultado de sus entrevistas con miembros de la oposición-- y se limita a pedir a Sudán que permita la entrada de una nueva misión.
En su resolución, el Consejo "expresa su profunda preocupación por la gravedad de las persistentes violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Darfur, incluidos los ataques armados contra la población civil y los trabajadores humanitarios, la generalizada destrucción de aldeas y la continua y extendida violencia, en particular la violencia de género contra las mujeres y niñas". También lamenta que no se reclamen "responsabilidades a los perpetradores de estos crímenes".
El Consejo de Derechos Humanos "insta a todas las partes en conflicto en Darfur a poner fin a todos los actos de violencia contra civiles, con especial atención a los grupos vulnerables como las mujeres, los niños y los desplazados internos, así como los trabajadores humanitarios".
El texto pide también a las partes firmantes de los Acuerdos de Paz para Darfur que "cumplan sus obligaciones en virtud del acuerdo" y reclama a los grupos que no los han firmado "que se adhieran", en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
GRUPO DE TRABAJO
El Consejo aprueba también la creación de un grupo de trabajo que será presidido por Sima Samar, en su calidad de relator especial para Darfur, y del que formarán parte el representante especial de la ONU para los niños y los conflictos armados, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el representante especial sobre defensores de Derechos Humanos, el representante especial sobre derechos de los desplazados internos, el relator especial sobre la tortura y el relator esopecial sobre violencia contra la mujer.
Este grupo deberá trabajar con el Gobierno de Sudán, con los mecanismos sobre Derechos Humanos de la Unión Africana y, "en estrecho contacto", con el presidente del grupo Diálogo y Consulta Darfur-Darfur (DDDC), "a fin de garantizar el seguimiento efectivo y la rápida aplicación de las resoluciones y recomendaciones sobre Darfur", en particular las aprobadas por el propio Consejo, la desaparecida Comisión de Derechos Humanos y otras instancias sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Asimismo, deberá "promover la aplicación de las recomendaciones relevantes de otros organismos de Naciones Unidas, teniendo en cuenta las necesidades de Sudán, a fin de salvaguardar la coherencia de estas recomendaciones y de contribuir a la vigilancia de la situación de los Derechos Humanos sobre el terreno". Para ello, la resolución "insta al Gobierno de Sudán a cooperar plenamente con el grupo", que deberá emitir un informe a la quinta sesión del Consejo de Derechos Humanos.
200.000 MUERTOS
El pasado 27 de febrero, el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, acusó a un antiguo ministro de Estado sudanés encargado de la Seguridad en Darfur, Ahmed Mohamed Harun, y al líder de las milicias paragubernamentales 'janjaweed', Alí Mohamed Alí Abd-al-Rahman (alias 'Alí Kashib'), de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad contra la población civil de esta región del oeste de Sudán.
Se trató de la primera vez que un tribunal internacional acusaba al Estado sudanés de tener vínculos con las milicias paramilitares. El ministro de Justicia sudanés, Mohamed Alí Al Mardi, rechazó estas acusaciones y advirtió de que Harun no iba a ser extraditado para su procesamiento.
Según Amnistía Internacional, desde febrero de 2003 unas 85.000 personas han muerto por causa directa de la violencia, otras 200.000 por hambre o enfermedad y más de dos millones han huido de sus hogares, debido sobre todo a los ataques de las fuerzas sudanesas y de la milicia 'janjaweed'.
Los crímenes han sido perpetrados en el contexto del conflicto armado entre el Gobierno sudanés y las fuerzas rebeldes del Ejército/Movimiento de Liberación de Sudán (A/MLS) y el Movimiento para la Justicia y la Igualdad (MJE), que estalló en agosto de 2002. Los dos grupos rebeldes han reclutado frecuentemente a sus combatientes entre las tribus de los 'Fur', los 'Zaghawa' y los 'Masalit'.
