La ONG exige a las autoridades que informen a los afectados de las posibles soluciones para facilitar su regreso
MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La organización pro derechos humanos Human Rights Watch ha instado a los gobiernos de Tanzania y Uganda que se aseguren de que los refugiados de los campos que tienen previsto su cierre los próximos 30 de junio y 31 de julio no sean obligados a emprender un desplazamiento forzoso a sus hogares, y que de igual modo se les informe de todo el abanico de opciones del que disponen.
En este sentido, HRW pide que no se repita el desplazamiento ilegal llevado a cabo el pasado 2 de junio por las autoridades de Ruanda, quienes obligaron a los refugiados burundeses a abandonar "a punta de pistola" el último campamento de acogida para los desplazados de esta nacionalidad que quedaba en el país vecino. Un total de 504 refugiados expulsados sin ningún otro sitio al que ir.
Tanzania, que acoge a 36.000 burundeses y Uganda, que cobija a 17.000 desplazados de Ruanda, han firmado respectivos acuerdos con el Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUR) para facilitar el retorno seguroi de los refugiados que quieren volver a casa, y para encontrar alternativas para los que no lo desean.
Y sin embargo, según HRW, ningún Gobierno ha explicado públicamente su plan de acción a un mes y dos meses vista del cierre de estos campamentos. En su lugar "ambos han amenazado a los refugiados con hacerles volver por la fuerza, y advirtiéndoles a los que desean quedarse de que serán desposeídos de su estatus de refugiados y tratados como inmigrantes ilegales". "Ambas posturas son ilegales bajo la ley internacional de los refugiados", recordó la ONG.
"Ambos países necesitan poner fin a estas amenazas y explicar con claridad a los refugiados qué opciones están sobre la mesa", declaró la directora para África de HRW, Georgette Gagnon. "Los refugiados no pierden su estatus como refugiados simplemente porque cierren los campos, y no deberían regresar por la fuerza a sus países", añadió.
En el campo de refugiados de Mtabila (Tanzania), los testigos informaron a HRW de que las autoridades tanzanas han "consolidado" el campo prendiendo fuego o arrasando los hogares provisionales de los desplazados, que no han recibido a cambio materiales nuevos, lo que ha imposibilitado la construcción de nuevas viviendas. De igual modo, las autoridades ya han advertido a los residentes de que no tienen más opción que la de regresar a su tierra natal el próximo 30 de junio, antes de que el campamento se convierta en una base militar, donde "los soldados y los refugiados no se mezclan".
El grupo recuerda que "Tanzania provocó la crítica de la comunidad internacional en 1996, cuando obligó a centenares de miles de refugiados ruandeses a volver a su país", una decisión "seguida del retorno forzoso de otros miles de desplazados de Ruanda y Burundi diez años después". En las últimas semanas, se han dado en Uganda centenares de casos de refugiados ruandeses que han huido de sus hogares a otras partes del país, bajo la amenaza de la expulsión.
MEDIDAS INSUFICIENTES
Por ello, HRW expresa su preocupación de que las medidas adoptadas por Tanzania y Uganda para asegurar a sus refugiados que no seguirán el mismo destino que sus compatriotas en Ruanda han sido insuficientes. El pasado 2 de junio, cita como ejemplo la ONG, el Ejército y la Policía ruandeses efectuaron una redada contra medio millar de refugiados del campamento de Kigeme, golpearon a algunos de ellos con porras y les metieron a punta de pistola en autobuses y camiones que les trasladaron a la frontera con Burundi.
ACNUR afirma que cuenta con las garantías tanto del Gobierno tanzano como ugandés de que ninguno de los refugiados será devuelto por la fuerza. También está negociando con las autoridades tanzanas que amplíen la fecha límite del 30 de junio unos pocos meses más para que los refugiados que decidan regresar a casa lo hagan de manera segura, digna y ordenada.
Desde 2002, centenares de miles de burundeses han abandonado Tanzania para regresar a sus hogares. Las ONG que trabajan con los resantes 36.000 refugiados burundeses del campamento de Mtabila afirman que muchos tienen miedo de regresar a Burundi por los enfrentamientos que allí tienen lugar. De igual modo, muchos de los 17.000 refugiados que escaparon del genocidio del 94 en Ruanda siguen aterrorizados por la posibilidad de represalias, o bien el castigo del sistema de justicia ruandés.
Según la ley internacional de protección a los refugiados, Tanzania, Uganda y Acnur pueden invocar una "cláusula de cese" si consideran que las circunstancias que causaron el flujo inicial de refugiados han terminado, lo que permitiría que los actuales refugiados recuperaran su condición de ciudadanos de pleno derecho. No obstante, ninguna de las partes ha llevado a cabo esta acción, por lo que ahora mismo los refugiados coexisten bajo "acuerdos tripartitos" que les buscan soluciones alternativas, como proyectos de integración local. Sin embargo, estos acuerdos son muy imprecisos y no son muy conocidos por los refugiados.
"Tanzania y Uganda deberían comenzar a informar a los refugiados de todas las opciones, entre ellas las soluciones a largo plazo con las que deberían contar los refugiados a la hora de volver a casa", según Gagnon. Lo importante, a su juicio, es "evitar que se repita la lamentable situación de Ruanda, por lo que ambos Gobiernos deben asegurar inmediatamente a los refugiados que no serán amenazados ni forzados a regresar a sus hogares".
