Crónica Timor.- Casi la décima parte del país se encuentra refugiada, dos años después del fin de la guerra

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 100.000 personas, que suponen casi la décima parte de la población de Timor Oriental, figuran todavía en las listas de refugiados que maneja Naciones Unidas, de las cuales 30.000 se encuentran repartidas en 53 campos diseminados por toda la capital, dos años después del conflicto entre abril y mayo de 2006, iniciado tras el cese de casi 600 militares que conformaban la mitad de las fuerzas defensivas del país, y que disparó un enfrentamiento armado contra la Policía timorense.

La situación se vio empeorada por el crecimiento fulminante de la violencia callejera, perpetrada por jóvenes desilusionados y sin empleo, muchos de ellos miembros de bandas criminales. A todo ello había que añadir las tensiones históricas entre los residentes del oeste --los 'Loromonu'--, contra los 'Lorossae' del este. Sumados todos estos factores, cerca de 150.000 personas se encontraban desplazadas y 6.000 hogares de la capital, quemados hasta los cimientos.

"Nuestra prioridad es evacuar a los desplazados de los hospitales y reasentarlos a todos", según informó el secretario de Estado para Asistencia Social y Desastres Naturales, Rigoberto Gomes, que es el primero en reconocer que esta nueva táctica "no va a ser nada fácil".

Uno de los directores de los campos de refugiados, Joaquim da Costa, declaró que su vivienda en la capital, Dili, había sido completamente destruida y que, al igual que muchos desplazados, tenía miedo de volver a casa ante la posibilidad de ser víctima de nuevos brotes de violencia.

Otro de los refugiados, Orlando de Oliviera, insistió en las delcaraciones de Da Costa. "Tengo miedo de volver a casa, y sólo regresaremos cuando el Gobierno termine la crisis", declaró.

¿CÓMO PONER FIN A LA CRISIS?

Los refugiados han aportado sus soluciones para resolver la crisis que perdura en el país. En primer lugar, el Gobierno debería resolver los problemas relacionados con el militar renegado, mayor Alfredo Alves Reinado, que todavía permanece evadido de la justicia.

En segundo lugar, el Gobierno debería alcanzar un acuerdo con los oficiales despedidos. En este sentido, el Representante del Secretario General de la ONU en Timor Oriental, Atul Jare, ha expresado su apoyo a esta idea, reconociendo que mientras los ex militares sigan sin resolver sus diferencias con el Gobierno, seguirán siendo una fuente de inestabilidad.

Y finalmente, los desplazados piden al Gobierno que les otorgue la compensación económica necesaria para reconstruir sus hogares, o ayudarles a vivir en otras zonas y proporcionarles el dinero suficiente para sobrevivir los primeros meses.

TEMA COMPLEJO

El tema del reasentamiento es "extremadamente complejo", según Jare, porque involucra cuestiones de derechos de propiedad y de tierra, así como la permanente hostilidad de las comunidades locales hacia los desplazados, y la necesidad de compensar economicamente a los refugiados. Muchos residentes del país que viven en la extrema pobreza han criticado el estatus económico especial del que gozan los exiliados de la capital.

Según Rigoberto Gomes, el Gobierno plenea conpensar a cada desplazado con una paga que oscilaría entre los 3.000 y los 4.500 dólares, que es más o menos la paga de tres años para un oficial de Policía. "Hay que evitar una situación de discriminación por parte de los no desplazados, que creen que sólo se está ofreciendo ayuda a los refugiados que regresan a sus hogares", según Jare.

Por su parte, el coordinador humanitario de la ONU y ayudante del representante especial, Finn Reske-Nielsen declaró en este sentido que "los desplazados no contemplan siquiera regresar a un sitio donde no se les quiere". Es más, si un desplazado vuelve a su casa, cabe la posibilidad de que "alguien esté viviendo allí, motivando un conflicto sobre quién es el propietario legítimo de la vivienda".

PROPIEDAD DE LA TIERRA

"Las cuestiones pertinentes sobre los regímenes de propiedad y disponibilidad de la tierra no tienen respuesta y deben ser resueltos", declaró Jare. En Timor Oriental todavía no se ha adoptado una legislación al respecto, a la espera de que entre en vigor una reglamentación inicial para mediados de este año, aunque el litigio de las miles de reclamaciones individuales podría prolongarse durante mucho tiempo.

En este sentido, Gomes declaró que el Gobierno timorés ha destinado 15 millones de dólares (casi el 20 por ciento del presupuesto del país) para "cubrir las necesidades de los desplazados" aunque es una cifra que sólo atenderá la mitad de las necesidades" y no está claro cuándo comenzará la distribución de estas compensaciones.

"No puedes definir la forma en la que se van a gastar 15 millones de dólares hasta que se desarrollen los planes pertinentes y tenga lugar un consenso entre todos los partidos, pero espero que la mayor parte del dinero sea empleado en pagar los gastos de realojamiento de los desplazados", afirmó Jare.

FINAL DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA

Uno de los principales incentivos para que los desplazados vuelvan a sus hogares es la cancelación de los programas de asistencia alimentaria en los campos de refugiados de Dili. Este mes los envíos de comida han sido reducidos a la mitad, y se espera que sean cancelados definitivamente para el próximo mes de abril, excepto aquellos destinados a los refugiados que necesitan alimentos de forma urgente.

El consenso general es que el problema de los desplazados es la prioridad número uno en Timor Oriental, pero la idea más difundida es que se trata de un proceso que llevará su tiempo. "Si el Gobierno es incapaz de desplazar pollos, cabras y cerdos, ¿qué posibilidad tiene de reinstalar a los refugiados?", bromeaba uno de los trabajadores humanitarios.