El Ejecutivo comunitario envía 26 dictámenes motivados a 16 Estados miembros para forzar la liberalización del sector energético
BRUSELAS, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea lanzó hoy un ultimátum contra España por no liberalizar adecuadamente los mercados del gas y la electricidad, tal y como exige la legislación comunitaria. En sendos dictámenes motivados, Bruselas ataca la existencia de precios regulados en la electricidad y la insuficiente separación entre los proveedores de energía y las redes de distribución, lo que a juicio del Ejecutivo comunitario distorsiona la competencia y desincentiva las inversiones.
Si las autoridades españolas no corrigen estos problemas en un plazo máximo de dos meses, la Comisión llevará los dos casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE). Los dos expedientes tienen su origen en la presentación de denuncias por parte de empresas que se han visto perjudicadas por la legislación española, aunque el Ejecutivo comunitario no quiso revelar su identidad por razones de confidencialidad.
El TUE ya condenó a España el pasado 16 de noviembre por no haber adaptado a su legislación nacional en el plazo previsto la directiva sobre la liberalización del gas, y Bruselas espera en los próximos días una nueva sentencia condenatoria por la directiva de la electricidad. Ambas ofrecen a todos los consumidores la posibilidad de elegir suministrador a partir del 1 de julio de 2007. Con los dos nuevos casos, España suma ya cuatro infracciones por no abrir suficientemente su mercado energético a la competencia.
Por lo que se refiere a la existencia de tarifas eléctricas reguladas, el Ejecutivo comunitario cree que, al estar fijadas en un nivel tan bajo, impiden la apertura del mercado y violan los principios de las directivas. También suponen un fuerte desincentivo para la inversión y además impiden que la demanda de energía se adapte a los incrementos de precios, con lo que no fomentan la eficiencia.
En cuanto a la separación insuficiente entre proveedores y redes, Bruselas afirma que ello impide una competencia justa porque existe el riesgo de que los operadores históricos tengan un acceso preferente a la red o a información privilegiada lo que dificulta a las nuevas empresas energéticas conectarse a la red para suministrar a los clientes finales a precios competitivos.
Los dos dictámenes motivados contra España se inscriben en una nueva oleada de procedimientos lanzada por la Comisión para forzar a los Estados miembros a liberalizar los sectores del gas y la electricidad. En total, Bruselas envió 26 dictámenes motivados a 16 Estados miembros: además de España, Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Polonia, Suecia, Eslovaquia y Reino Unido. Sólo cerró dos procedimientos referidos a Finlandia y Austria que se abrieron, como el resto, el pasado abril.
ELECCIÓN REAL DE PROVEEDORES.
"Sólo la plena puesta en marcha de las directivas por parte de los Estados miembros puede permitir la creación de un mercado interior de la electricidad y del gas que garantice a todos los consumidores europeos una elección real de proveedores de gas y de electricidad el 1 de julio de 2007", dijo el comisario de Energía, Andris Piebalgs, a través de un comunicado.
En el caso de Alemania, las infracciones se refieren a la ausencia de notificación de las obligaciones de servicio público en electricidad, y el acceso preferente para algunos contratos históricos también en el mercado de la electricidad.
Francia es uno de los países que reúne más expedientes por falta de liberalización: se refieren a la ausencia de separación jurídica entre las redes y los proveedores, tanto en gas como en electricidad; la existencia de precios regulados; la falta de notificación de las obligaciones de servicio público; el acceso preferente a algunos contratos; y la no publicación de las condiciones comerciales para acceder al almacenamiento de gas.
Entre los grandes Estados miembros, Italia también registra la mayoría de estos problemas, salvo la no publicación de las condiciones comerciales, mientras que la única infracción de Reino Unido afecta al acceso preferente para contratos históricos en el mercado de la electricidad.
INSUFICIENCIAS LEGISLATIVAS.
La Comisión considera que la persistencia de este tipo de infracciones subraya las insuficiencias del marco legislativo actual. En primer lugar, los reguladores no gozan de independencia ni de poderes suficientes para garantizar la existencia de mercados abiertos que funcionen de manera eficaz y no discriminatoria.
Además, el marco jurídico actual no permite regular de manera eficaz los aspectos transfronterizos del acceso a las redes de gas y electricidad. Finalmente, las numerosas infracciones sobre la separación funcional demuestran, a juicio de Bruselas, la incapacidad de los Estados miembros de transponer de manera efectiva estas medidas.
Incluso cuando se lleva a cabo, la separación jurídica y funcional de los gestores de red integrados verticalmente en las actividades de producción y suministro no permite garantizar siempre un acceso igual de todos los productores a las redes.
Frente a estas insuficiencias, la Comisión ha realizado un examen de cada país para analizar la eficacia, en la práctica, de las medidas legislativas y reglamentarias en materia de apertura de mercados y desvelará los resultados a principios del año que viene.
