BRUSELAS, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El comisario de Transportes, Jacques Barrot, propuso hoy a los Estados miembros interconectar sus registros nacionales de matriculación de vehículos "para identificar mejor a los autores de las infracciones" viales transfronterizas y, así, "poder proceder a sancionarles".
En el conjunto de la Unión Europea hay un 5% de conductores que circulan fuera de su Estado miembro y que son responsables del 15% de los accidentes en carreteras europeas cometidos sólo por exceso de velocidad, según estadísticas que maneja la Comisión Europea.
Por ello, la propuesta normativa, que requiere "un programa de integración común" en los Veintisiete, está especialmente dirigida a aquellos conductores europeos que infringen las normas de seguridad vial al circular por un Estado miembro distinto del suyo a pesar de estar obligados a "respetar el ordenamiento jurídico del Estado miembro en el que conducen". La Comisión calcula que con esta propuesta se podrían salvar hasta 5.000 vidas cada año.
En términos globales, la UE quiere reducir a la mitad el número de muertes en carretera a la altura de 2010 lo que implicaría salvar unas 27.000 vidas aproximadamente, explicó el comisario en rueda de prensa. Sin embargo, admitió que en la actualidad, con 43.000 víctimas mortales registradas en 2007 frente a las 54.000 víctimas de 2001, la UE está "muy lejos" de cumplir su objetivo. "En 2007 no ha habido progresos significativos", lamentó. Entre 2001 y 2007 se redujeron en un 20% el número de víctimas mortales en carretera.
NO A LA IMPUNIDAD
Barrot justificó su propuesta por la "sensación de impunidad" entre los ciudadanos europeos de que quieres infringen las normas de seguridad vial en otro Estado miembro distinto del suyo "rara vez" acaban siendo sancionados.
Aseguró que es una propuesta "proporcional" y "equilibrada" que "no implica ninguna armonización de los códigos nacionales ni de los regímenes sancionadores ni tampoco nuevas estructuras burocráticas" en los distintos Estados miembros donde algunas infracciones constituyen un delito penal y en otros casos sólo administrativas, resaltó. La propuesta sólo busca, dijo, "que los infractores sean sancionados por los mismos hechos del mismo modo" sean nacionales o no de un Estado miembro dado.
En el supuesto en que la infracción conlleve una sanción penal, los Estados miembros deberán reforzar su cooperación para perseguir estos casos transfronterizos, ya que la actual propuesta para reforzar la seguridad vial cubre la fase previa a la sanción, al perseguir e identificar al infractor para, precisamente, poder sancionarle.
Tanto en este supuesto como en el caso de que un infractor se niegue a pagar la sanción, podrá aplicarse la normativa comunitaria que regula el principio del mutuo reconocimiento de las sanciones financieras impuestas por un tribunal de un Estado miembro determinado. Sin embargo, hasta la fecha, sólo siete países comunitarios han traspuesto la normativa a sus legislaciones nacionales.
La Comisión calcula que la propuesta no entrará en vigor hasta dentro de dos años. Así, baraja que puedan adoptarla el Parlamento Europeo y los Veintisiete en el plazo de 12 meses y habrá otro periodo de 12 meses para proceder a su aplicación en el conjunto de la UE.
DATOS A TRANSFERIR E INFRACCIONES CUBIERTAS
Los datos que deberán intercambiarse los Veintisiete se limitarán "a los mínimos" necesarios para identificar al infractor: número de matrícula del vehículo, modelo del mismo, así como la dirección del propietario o titular del vehículo, aseguró Barrot. La sanción, precisó, debería ser remitida al infractor en su lengua si es una de las 23 lenguas oficiales de la UE.
El comisario explicó que su proyecto de directiva cubre esencialmente cuatro infracciones viales: exceso de velocidad, conducir ebrio, no llevar puesto el cinturón de seguridad y saltarse el semáforo en rojo. Estas cuatro infracciones, aseguró, "representan tres cuartas partes (75%) de las infracciones totales" en carretera. En cambio, deja fuera otras infracciones impuestas, por ejemplo aparcar mal, porque a pesar de que "problemas de aparcamientos pueden provocar accidentes" no constituyen "la cuestión de fondo" detrás de los accidentes de carretera.
En la actualidad, apenas se sanciona a nacionales de otros Estados miembros por la dificultad en identificarles, ya que muchos mecanismos de control nacionales --radares y cámaras de vigilancia-- no reconocen la matrícula que registran. Ello supone "una discriminación" con respecto a los ciudadanos nacionales de un Estado miembro a los que sí se les responsabiliza de una infracción cometida, recalcó. "La opinión pública no tolera hoy indulgencia en materia de seguridad vial", agregó.
Por este motivo, incidió que "probablemente" la manera más eficaz de reducir el número de accidentes mortales en carretera implicaría intensificar "el control de los comportamientos de conductores" y castigar a quienes infringen la normativa de seguridad vial.
Citó el ejemplo de Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Finlandia y, más recientemente, Francia, que presentan, a su juicio, "mejores resultados" en cuanto a reducción de víctimas mortales al haber "reformado los controles y reforzado la aplicación de las sanciones" impuestas a los infractores. Por ello, instó a los Estados miembros a "prestar la máxima atención en la severidad" aplicada a los infractores.
YA NO SE PODRÁ ELUDIR LA MULTA AL CRUZAR LA FRONTERA
En todo caso, el comisario de Transportes explicó que aunque la propuesta no implica crear "un registro centralizado" a nivel europeo con los números y direcciones de todos los propietarios de vehículos matriculados, consideró que "envía un mensaje" a quienes cometen infracciones viales creyendo que "cruzando la frontera pueden eludir la sanción".
Consideró más beneficioso extender "un intercambio de información generalizado en Europa" dado que los acuerdos bilaterales para la transferencia de datos --como los existentes entre Países Bajos y Bélgica o Países Bajos y Alemania-- "son pocos" en la actualidad.
Por otra parte, el comisario explicó que el Ejecutivo comunitario analiza en la actualidad otra propuesta de normativa para pedir a los Estados miembros que realicen "una auditoría" del estado de sus infraestructuras viarias al asegurar que "una mejor gestión de las infraestructuras podría salvar hasta 300 vidas cada año".