Crónica UE.- Los Veintisiete acuerdan interconectar sus registros de antecedentes penales

LUXEMBURGO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Justicia de la Unión Europea acordaron hoy interconectar sus registros de antecedentes penales y compartir toda la información contenida en los mismos para evitar que delincuentes condenados en un país puedan trasladarse a otro Estado miembro y seguir cometiendo crímenes. También se compartirá la información sobre incapacitaciones profesionales por agresiones sexuales a menores.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró que la decisión constituye un "paso de gigante" en materia de cooperación judicial y destacó que la información sobre antecedentes podrá utilizarse en España para aplicar el agravante de reincidencia en delitos de terrorismo, tráfico de drogas y falsificación de monedas.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, destacó que en la actualidad "desafortunadamente la información sobre condenas previas no circula adecuadamente entre los Estados miembros". "Un delincuente sexual condenado en un Estado miembro puede escapar trasladándose a otro país, y eso no es aceptable", señaló Frattini.

Recordó el caso del pederasta Michel Fourniret, que cometió varios crímenes en Bélgica aunque había sido condenado anteriormente en Francia por delitos similares. Este caso fue el que impulsó la interconexión de los registros de antecedentes penales de los Estados miembros, y el Gobierno belga es el que más ha insistido en que se comparta información sobre incapacitaciones profesionales debidas a condenas por delitos sexuales contra menores.

La norma aprobada por los Veintisiete establece que si un Estado miembro impone una condena penal a un ciudadano de otro país de la UE deberá comunicarlo lo antes posible al Estado miembro de origen de éste. Es decir, si España condena a un británico, debería enviar de inmediato la información a Reino Unido. De este modo, cada país estará obligado a conservar toda la información sobre antecedentes de sus nacionales de manera actualizada.

Asimismo, la decisión marco determina que las autoridades judiciales tendrán derecho a solicitar la información del registro de antecedentes penales de otros Estados miembros de la UE, y deberán obtener una respuesta completa en un plazo máximo de 10 días. Por ejemplo, si los tribunales españoles están juzgando a un alemán, podrán acceder a sus antecedentes penales en su país de origen.

La interconexión de los registros de antecedentes penales de la UE se basará en la experiencia piloto iniciada hace dos años por Alemania y Francia y a la que se sumaron de inmediato España y Bélgica y posteriormente República Checa y Luxemburgo. Eslovenia y Eslovaquia han solicitado también incorporarse. Este sistema informático permite compartir información en un plazo de 24 horas, según destacó el ministro español de Justicia.

Bermejo destacó que su utilización ha tenido resultados "muy positivos". Desde que se conectó el 30 de mayo de 2006, el registro español ha remitido por vía telemática 2.047 notas de condenas relativas a nacionales de Francia, Alemania y Bélgica pronunciadas por tribunales españoles.

Al mismo tiempo, ha recibido de estos países 2.200 notificaciones correspondientes a ciudadanos españoles condenados en sus territorios. Además, el registro español ha contestado a unas 2.000 peticiones de información procedentes de los juzgados franceses, belgas y alemanes relativas a españoles procesados en estos países.

El ministro de Justicia destacó que este sistema de intercambio de datos aporta dos beneficios importantes para el procedimiento penal español. En primer lugar, permite aplicar el agravante de reincidencia internacional a los delitos de terrorismo, tráfico de drogas y falsificación de monedas. En segundo lugar, permite tener constancia de indicios sobre la peligrosidad del encausado.

"Para nosotros significa que podemos conocer en un tiempo muy breve la existencia o no de antecedentes penales en otros países en relación con personas que vamos a enjuiciar en España por delitos de terrorismo, por ejemplo", insistió Bermejo, que destacó que hasta ahora estos trámites duraban varios meses.

Señaló que en el caso español, la legislación establece que al registro de antecedentes penales sólo pueden acceder las autoridades judiciales y el ministerio fiscal, y esto es lo que se seguirá aplicando a menos que se modifique la ley. No obstante, dejó claro que la normativa europea permite que la policía utilice la información si hay un grave riesgo para la seguridad.