MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, ha mostrado este viernes su conformidad con la prohibición dictaminada por un tribunal para que los medios de comunicación informen sobre el interogatorio a cuatro exministros en una investigación sobre corrupción, al considerar que "forman parte del proceso judicial"
La prohibición del tribunal ha generado numerosas críticas, entre ellas por parte de Reporteros Sin Fronteras (RSF), aunque varios medios turcos han prometido desafiar esta orden. El presidente, Recep Tayyip Erdogan, ha denunciado que los medios de comunicación intentan perpetrar un golpe de Estado informado sobre estos interrogatorios.
De hecho, Erdogan ha calificado el escándalo de corrupción destapado en 2013 como un intento de apartarle del cargo. Los tribunales han archivado varios casos, incluidos los que estaban relacionados con los hijos de tres ministros y un hombre de negocios cercano a Erdogan.
Ante esta polémica, Davutoglu ha asegurado que su postura "está en línea" con la de su Gobierno, al considerar que la actividad de la comisión parlamentaria que investigará las acusaciones contra los exministros --que han negado todas las acusaciones-- forman parte "del proceso judicial".
"La opinión del Gobierno y de mí mismo, personalmente, en relación a la transparencia y nuestra postura contra la imposición de la prohibición ha sido abierta y clara", ha asegurado Davutoglu, que accedió al poder como sucesor de Erdogan en agosto, además de liderar el Partido Justicia y Desarrollo (AKP).
"EL GOBIERNO NO HA INFLUIDO"
"Desde 2002 nuestro Gobierno ha actuado bajo el principio de combatir la corrupción, las prohibiciones y la pobreza. Actuaremos con estos principios también ahora", ha subrayado el mandatario, según ha informado el diario turco 'Hurriyet'.
Davutoglu ha subrayado en sus declaraciones que el Gobierno turco no ha influido en la decisión del tribunal para prohibir que los medios informen sobre estos interrogatorios, ante lo que ha instado a la población a "tener paciencia" y deje hacer a la comisión parlamentaria su trabajo.
EL CASO
El escándalo se destapó en diciembre de 2013, cuando la Policía detuvo a varias personas por la concesión ilegal de permisos de construcción en Estambul y por una la creación de una red de contrabando que ayudaba a Irán a burlar las sanciones de Occidente.
Erdogan ha calificado en todo momento la investigación como parte de un intento de "golpe de Estado judicial" maquinado por el clérigo musulmán residente en Estados Unidos y ex aliado de Erdogan, Fethulá Gulen. Gulen, que tiene influencia en la Policía y los jueces turcos, ha negado las acusaciones.
