MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente ejecutivo de la empresa energética DESA, Roberto David Castillo, ha sido detenido este viernes cuando intentaba salir de Honduras, como presunto autor intelectual del asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres, según ha informado la Fiscalía del país centroamericano.
Agentes de la Unidad Especial de Delitos contra la Vida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) han capturado a Castillo en el aeropuerto de San Pedro Sula, de acuerdo con el diario local 'La Prensa'.
El portavoz del Ministerio Público, Juri Mora, ha explicado a Reuters que Castillo habría sido "el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales" del crimen de Cáceres.
DESA ha emitido un comunicado en el que "rechaza contundentemente la intención de culpabilizar a personas honorables e inocentes". "Solicitamos respetuosamente la inmediata liberación del señor David Castillo, quien se ha caracterizado por ser siempre una persona íntegra", ha dicho.
La compañía ha atribuido la detención de Castillo a "presiones internacionales y campañas de desprestigio de diversas ONG". En este sentido, ha señalado que "se ha optado por tomar esta decisión justo el día en que se conmemoran dos años
del fallecimiento de la señora Berta Cáceres, lo cual genera ciertas interrogantes".
Castillo es el noveno detenido por el asesinato de Cáceres. También figuran entre los arrestados el gerente de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, y los militares Douglas Geovanny Bustillo y Mariano Díaz Chávez.
PUNTO DE INFLEXIÓN
Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, tras pasar años recibiendo amenazas de muerte por su campaña para paralizar la construcción de la presa de Agua Zarca, una infraestructura que, de construirse, destruiría bosques nativos y territorios indígenas.
La activista hondureña, que en 2015 recibió el Premio Goldman, conocido como el 'Nobel Verde', es una más de una larga lista de activistas y defensores de los Derechos Humanos que han perdido la vida en la nación centroamericana a causa de su labor.
Sin embargo, la conmoción social que causó su asesinato ha servido para visibilizar otros casos. "Al no actuar, las autoridades hondureñas incumplen su obligación de proteger a los defensores de los Derechos Humanos de nuevos ataques", ha dicho Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, este viernes.
En la misma línea, la familia de Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que lideraba, han reclamado una investigación más amplia. "Los responsables intelectuales son los empresarios que están en la nómina de propietarios de la empresa DESA, contra los que no se ha actuado", ha denunciado Salvador Zúniga, dirigente del COPIHN, en declaraciones a la prensa.
