MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Estados Unidos ha afirmado que el "único impedimento" que se interpone en la extradición del expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006) es que no estaba detenido cuando se produjo la autorización de entrega a las autoridades peruanas.
"Después de más de tres años de litigio, tiempo durante el cual este tribunal (...) determinó que la solicitud de extradición a Perú cumplía con el tratado pertinente, el tribunal de habeas corpus (...) se negó a suspender la extradición de Toledo, y el secretario de Estado (Antony Blinken) autorizó la entrega de Toledo", reza un escrito de la fiscal estadounidense Stephanie Hinds.
"El único impedimento para ejecutar la orden de entrega que quedaba en el momento en que Estados Unidos presentó la presente moción era el hecho de que Toledo permanecía fuera de custodia", continúa el documento, al que ha tenido acceso el periódico 'La República'.
En este sentido, la fiscal ha señalado que el exmandatario peruano "debe ser detenido porque, a medida que cada vía para evitar su extradición por medios legales termina en callejones sin salida, su incentivo para huir aumenta".
"Toledo ha expresado reiteradamente su profunda preocupación por estar en prisión preventiva en Perú", ha recordado Hinds, que ha señalado que Washington "se encargará de ejecutar la entrega a las autoridades peruanas con la mayor celeridad posible, suponiendo que no existan impedimentos legales para ello".
Sin embargo la abogada de Toledo, Jodi Linker, ha pedido al juez no aceptar la solicitud de la fiscal de detenerlo, sosteniendo que está dispuesto a entregarse voluntariamente una vez se resuelvan todos los recursos con los que busca suspender la extradición, informa el citado diario.
"El Gobierno argumenta que Toledo debe ser detenido con antelación a la fecha de entrega a fin de garantizar que realmente estará disponible para la transferencia de la custodia, pero no hay razón para dudar de que (...) estará disponible", ha manifestado la abogada.
La Fiscalía de Perú informó hace dos semanas de que el Departamento de Estado estadounidense había concedido la extradición a Toledo, para que rinda cuentas ante la justicia peruana por las acusaciones de corrupción que pesan sobre él.
Las autoridades peruanas alegan que Toledo recibió sobornos de la empresa de construcción Odebrecht. Por su parte, el otrora presidente andino ha negado haber solicitado o recibido sobornos a cambio de que la compañía fuera favorecida en la licitación de obras de la carretera Interoceánica.
Sobre Toledo pesan varias acusaciones fiscales sobre delitos de colusión y blanqueo de capitales. En noviembre de 2022 la Fiscalía peruana pidió 35 años de cárcel en el caso sobre el cuarto tramo de la carretera Interoceánica. Anteriormente se habían solicitado 20 años y seis meses de prisión por otros tramos; y 16 años y ocho meses por el denominado caso Ecoteva.
Lima solicitó desde 2018 a Washington la extradición de Toledo para que responda por los cargos que se le imputan. Allí la Justicia incautó el pasaporte diplomático tanto al exmandatario como a su mujer, ante el riesgo de fuga.
