EEUU deberá retirarse de Irak a finales de 2011 a menos que se le pida lo contrario, según el borrador del acuerdo

BAGDAD, 15 Oct. (Reuters/EP) -

El borrador del acuerdo que están negociando Estados Unidos e Irak sobre la presencia y las normas de actuación de las tropas norteamericanas en el país árabe establece que Washington deberá retirar a sus militares a finales de 2011, a menos que Bagdad le pida lo contrario, y otorga a Irak el derecho a juzgarles por los delitos graves que pudiesen cometer estando fuera de servicio, según informó hoy un portavoz del Gobierno iraquí.

El portavoz, Ali al Dabbagh, también aseguró que Irak tratará de prorrogar el mandato de Naciones Unidas que autoriza la presencia militar estadounidense en el país si el acuerdo no se finaliza antes de que acabe 2008.

El objetivo del pacto, que Washington y Bagdad llevan negociando varios meses, es determinar la base legal de la presencia de las fuerzas estadounidenses, ya que a finales de 2009 expira la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que imponía las normas al respecto.

"La retirada se va a llevar a cabo en tres años. En 2011, el Ejecutivo que esté en el poder determinará si se necesita o no un pacto nuevo, y el tipo de pacto dependerá de los desafíos a los que se enfrente", declaró Al Dabbagh a la agencia Reuters.

En cuanto a la inmunidad de las tropas estadounidenses, el portavoz explicó que, "en sus bases, se atendrán a las leyes americanas", mientras que el Derecho iraquí será el que prevalezca "en el caso de que estas fuerzas cometan un delito grave e intencionado fuera de sus bases militares y cuando estén fuera de servicio".

El acuerdo aún debe ser aprobado por el gabinete y el Parlamento iraquíes, así como por un consejo político para asuntos de seguridad formado por los principales partidos del país, a los que el primer ministro, el chií Nuri al Maliki, se ha comprometido a consultar esta cuestión antes de someter el pacto a una votación parlamentaria.

De momento, Al Dabbagh anunció que el jefe del Gobierno ya ha distribuido el texto entre los miembros del consejo político, quienes se reunirán el próximo viernes para discutirlo. "El Gobierno ha decidido que el borrador debe seguir su camino constitucional, a través del gabinete y el Parlamento", confirmó, añadiendo que el primer paso es que lo valoren los diferentes partidos.