MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Estados Unidos ha expresado este martes su "preocupación" por la ejecución en Bahréin de tres personas condenadas por terrorismo, afirmando que "tienen lugar en un momento de tensiones elevadas" en el país.
"Los ataques violentos contra la Policía, como el que mató a tres oficiales en este caso, son condenables", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby.
Sin embargo, ha indicado que "hay acusaciones de que los individuos ejecutados fueron víctimas de torturas y de que las pruebas utilizadas contra ellos fueron extraídas, en parte, a través de confesiones forzadas".
"Seguimos pidiendo a todas las partes que muestren contención y que contribuyan a un clima que lleve al diálogo y la reconciliación", ha dicho, reclamando al Gobierno "que vuelva urgentemente al camino de la reconciliación".
"Esta es la mejor manera de marginar a los que apoyan la violencia y de traer una mayor seguridad y estabilidad a la región", ha remachado Kirby.
Las ejecuciones, las primeras en el país desde 2010, tuvieron lugar el domingo a través de un pelotón de fusilamiento, según ha confirmado el fiscal general de Bahréin para delitos de terrorismo, Ahmed al Hammadi, a la agencia estatal de noticias, BNA.
El Tribunal de Casación de Bahréin había confirmado el lunes la pena de muerte contra los tres condenados, acusados de la muerte de tres soldados en un atentado perpetrado en marzo de 2014 en la localidad de Daih.
La Fiscalía acusó a los condenados de colocar una bomba y atraer a los agentes a la zona generando disturbios en la misma. Entre los muertos figura un coronel de nacionalidad emiratí.
El Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) criticó entonces el fallo, recalcando que "las autoridades obtuvieron confesiones utilizando torturas" y agregando que "no se garantizó que el proceso fuera justo".
EL CONTEXTO POLÍTICO
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas registradas en su territorio desde 2011.
En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.
