FARMERS BRANCH (TEXAS), 13 May. (EP/AP) -
Los habitantes de la localidad tejana de Farmers Branch aprobaron en referéndum una nueva normativa municipal que impide alquilar viviendas a personas sin documentos.
La medida, que obliga a los caseros de este suburbio de Dallas a verificar que los inquilinos sean ciudadanos estadounidenses o inmigrantes legales antes de alquilarles casas o apartamentos, fue aprobada con el 68% de los votos a favor. Un 32% votó en contra, según los recuentos de los sufragios contabilizados en dos terceras partes de los centros de votación.
Los menores y las personas de 62 años o más no están obligados a demostrar su estatus migratorio o su ciudadanía para obtener un contrato de arrendamiento.
Las familias que incluyen ciudadanos y también tienen inmigrantes ilegales podrían alquilar si cumplen uno de estos tres requisitos: ya son inquilinos; el cabeza de familia o su cónyuge residen legalmente en Estados Unidos; y la familia sólo está integrada por un adulto, sus hijos menores o los padres del cónyuge.
Los grupos opositores a la medida apelarán a los tribunales para que impidan a las autoridades municipales poner en práctica la ordenanza, o iniciarán una demanda judicial.
El Ayuntamiento aprobó la iniciativa en noviembre y sólo aceptó los comentarios del público después de la votación. Para justificar la medida, desde el consistorio aseguran que el Gobierno federal no ha logrado frenar la inmigración ilegal, pese a ser tema de su jurisdicción.
El concejal Tim O'Hare, que respaldó la ordenanza, sostiene que la economía y la calidad de vida de la ciudad mejorará si los indocumentados no residen en Farmers Branch.
Desde que la normativa fue aprobada, Farmers Branch se ha convertido en escenario de protestas y confrontaciones.
El concejo municipal cambió la iniciativa en enero, para incluir las exenciones a menores de edad, adultos mayores y parejas cuyos miembros tienen distinto estatus migratorio.
Para entonces, el Ayuntamiento enfrentaba cuatro demandas presentadas por grupos de activistas sociales, habitantes, caseros y empresarios que protestan con el argumento de que con la ley se pone a los caseros en una situación precaria y se les obliga a actuar como funcionarios de migración. Sus abogados apuntan que la medida intenta regular el flujo migratorio, una función exclusiva del Gobierno federal.
Una demanda apunta también que el ayuntamiento violó las leyes del Estado al aprobar la legislación sin someterla a la opinión publica.
Los sectores que se oponen al reglamento reunieron suficientes firmas como para asegurarse de que el Ayuntamiento la sometiera a un referendo.
Más de 3.000 de los 14.100 votantes registrados en la localidad participaron en la primera fase de votaciones, que terminó el martes. Ello representa 2.000 más que el número total de votantes en las dos anteriores elecciones municipales, informó la Oficina Electoral del Condado de Dallas.
En todo el país, más de 90 municipalidades han propuesto, aprobado o rechazado normas parecidas, así como la imposición de multas a las empresas y negocios que contraten indocumentados o el entrenamiento de sus fuerzas policiales para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
