EL CAIRO, 10 Dic. (EP/AP) -
La tortura policial y la violencia organizada por el Estado son más frecuentes en Egipto desde que los ciudadanos comenzaron a exigir más democracia y justicia hace cuatro años, según un informe publicado hoy por la organización egipcia de defensa de los Derechos Humanos denominada Centro Nadim para la Gestión Psicológica y la Rehabilitación para Víctimas de la Violencia.
Este informe, que recoge datos de entre 2003 y 2006, presenta un aumento de la tortura en las comisarías de Policía y en las oficinas de la seguridad estatal. Asimismo, revela un incremento de las restricciones a las libertades de los ciudadanos, entre ellas la libertad de expresión y la de manifestación.
Según el Centro Nadim, durante esos tres años se experimentó en Egipto el "inicio de una movilización política que pedía democracia y justicia".
El director del centro, Aida Said el Dawla, leyó un comunicado que indicaba que es el tercer informe que atestigua la existencia de "tres años de opresión política y brutalidad policial, tres años de muerte como consecuencia de torturas, que se suman a 24 años de un estado de excepción que dota de impunidad y de protección legal a los torturadores y se interpone en el camino de la justicia".
El informe, de 261 páginas, documenta las alegaciones sobre las detenciones y torturas sufridas por algunas personas que se manifestaron contra la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003 y también por quienes apoyaron un movimiento solidario hacia los jueces egipcios que pedían en 2006 una magistratura independiente.
Además, se relatan diferentes casos de mujeres que se manifestaron contra un referéndum para reformar la Constitución y que padecieron abusos sexuales en El Cairo en mayo de 2005. También incluye informaciones sobre las "masacres que acompañaron a las últimas elecciones legislativas en 2005, que presenciaron la muerte de al menos diez ciudadanos en lo que el Estado describió como las elecciones más transparentes e imparciales de la historia del país".
No obstante, el informe no ignora que los activistas a favor de los Derechos Humanos también aseguran que los últimos fallos de los tribunales tienden a castigar a los funcionarios responsables de las torturas.
