TRÍPOLI, 29 Mar. (Reuters/EP) -
El conflicto en Libia no puede resolverse a menos que se acabe con la economía sumergida y "la depredación del dinero público", ha defendido el enviado de la ONU para el país norteafricano, Ghassan Salamé, pidiendo a los actores internacionales que adopten sanciones contra los "grandes traficantes".
Salamé lidera el último intento de reunificar y estabilizar Libia, siete años después del levantamiento que culminó con el derrocamiento y posterior asesinato de Muamar Gadafi. Durante los años de inestabilidad interrumpidos por conflicto armado, una lucrativa economía sumergida ha nacido en el país petrolero, basada en el cambio de moneda extranjera fraudulento, el contrabando y la extorsión.
"Creo que esta es la cuestión más importante hoy en día en Libia", defiende Salamé en una entrevista. "Es, al menos en mi modesto punto de vista, el quid de la cuestión en Libia", subraya.
Este antiguo ministro y profesor libanés, que asumió el cargo el pasado agosto, defiende que hacer frente a la economía sumergida requiere un "esfuerzo determinado" por Naciones Unidas, las instituciones financieras y las potencias extranjeras.
Salamé ha estado trabajando para convencer a la comunidad internacional de que cualquier acuerdo político para unificar las facciones rivales con base en Trípoli y en el ste de Libia solo ser "cosmético" si no se aborda la economía sumergida.
"He hecho todo lo posible para persuadirles de que si quiere un proceso político tienen que acabar con todo tipo de tráfico en este país. No solo el tráfico de personas, sino también el tráfico de combustible, el tráfico de bienes subsidiados, el tráfico de drogas", subraya.
"Tienen que abordar el mercado negro. También tienen que abordar la depredación del dinero público", añade Salamé, que reconoce que "es un reto". "Creo que necesitamos empezar a acusar y avergonzar a la gente. Creo que necesitamos analizar las transferencias de dinero", defiende.
SANCIONES CONTRA LOS "GRANDES TRAFICANTES"
Según el enviado de la ONU, también es necesario actuar "mediante sanciones específicas contra los grandes traficantes adoptadas por los socios económicos más importantes de Libia".
El control de la economía informal de Libia es a menudo impuesto por los grupos armados y las facciones militares, algunas con estatus oficial, que han mantenido el poder real sobre el terreno desde 2011.
Salamé ha lanzado un diálogo con los grupos armados y espera desvelar una estrategia para tratar con ellos en mayo. "Creo que este va a ser necesariamente un problema de muchos años, porque hay muchos y también porque el Gobierno no está óptimamente equipado para integarlos en el Ejército o en la Policía", explica.
El diálogo se enmarca en la "conferencia nacional" liderada por la ONU que también incluye reuniones en ayuntamientos, apoyo a los acuerdos de paz locales y al empoderamiento de los alcaldes, y la reconciliación con los partidarios del régimen de Gadafi exiliados.
"Un día, probablemente en unas pocas semanas o meses, reuniremos juntos a los líderes que aparecían en todos estos sub-procesos, pero eso será más bien la guinda en el pastel que el pastel en sí mismo", señala Salamé.
ELECCIONES EN 2018
El enviado de la ONU ha pedido la celebración de elecciones antes de final de año, aunque admite que es "muy consciente" de que los comicios añadirán problemas más que resolverlos. Las elecciones parlamentarias en 2014 fueron disputadas y llevaron a que se establecieran gobiernos rivales en Trípoli y el este.
Salamé reconoce que es "muy difícil pensar" en la celebración de elecciones presidenciales sin que primero se adopte una Constitución y afirma que buscará un compromiso de los principales actores para que acepten los resultados. "Espero tener una declaración escrita, al menos una declaración pública", precisa.
