MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Eritrea ha rechazado este jueves las acusaciones de Naciones Unidas contra las autoridades por el cierre en las últimas semanas los centros sanitarios gestionados por la Iglesia.
La misión permanente del país ante la ONU ha recalcado que "Eritrea es una nación secular" en la que el derecho de creencia es respetado, si bien "no hay una religión oficial".
"Ninguna de las religiones establecidas tiene un estatus preferencial en el marco del secular Estado eritreo", ha manifestado en su comunicado, al tiempo que ha resaltado que "las instituciones religiosas no tiene autorizado llevar a cabo actividades de desarrollo en zonas de su elección, ya que ello implica una discriminación contra los que no siguen a esa institución en cuestión".
"Las instituciones religiosas tampoco tienen permitido solicitar fondos de donantes externos, siguiendo esas mismas consideraciones de igualdad y para evitar desequilibrios introducidos de forma externa", ha argumentado.
En este sentido, ha recalcado que las medidas relativas a los centros sanitarios de la Iglesia suponen la aplicación de decisiones "no totalmente puestas en marcha durante los últimos años".
"La noción de que esto afectará negativamente o 'pondrá en peligro' los servicios sanitarios es disparatado y simplemente no es verdad", ha apuntado en el citado comunicado, antes de recordar que la mayoría de los centros son públicos y gestionados por el Gobierno.
La respuesta ha llegado menos de una semana pasada de que una relatora de Naciones Unidas expresara su "grave preocupación" por las restricciones a las actividades de la Iglesia Católica en Eritrea y por los arrestos de miembros de las congregaciones ortodoxa y católica en las últimas semanas.
"Estas acciones muestran que, pese al mejorado clima regional de paz y seguridad, la situación de los Derechos Humanos en Eritrea sigue sin cambios", dijo la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Eritrea, Daniela Kravetz.
"Pido a Eritrea que cumpla sus compromisos internacionales como miembro del Consejo de Derechos Humanos (de la ONU) y permita a las instituciones religiosas que operen libremente y que todos los eritreos ejerzan su derecho a la libertad de religión en el país", agregó.
Las autoridades eritreas ordenaron el 12 de junio la confiscación de todos los centros sanitarios gestionados por la Iglesia Católica y, en ocasiones, se desplegó a militares frente a los edificios, se amenazó al personal y se ordenó a los pacientes que se fueran a casa.
"La confiscación de estas instalaciones sanitarias impactará negativamente en el derecho a la salud de las poblaciones afectadas, en particular aquellas en zonas rurales remotas", sostuvo Kravetz.
IMPACTO SOBRE LOS SERVICIOS SANITARIOS
Así, resaltó que "al limitar las actividades de la Iglesia Católica, las autoridades eritreas están restringiendo el derecho de sus ciudadanos a disfrutar de una atención sanitaria de calidad".
La Iglesia Católica gestiona cerca de 40 hospitales y centros de salud en el país, principalmente en zonas rurales, y algunos de ellos operan dentro de monasterios. La mayoría dan atención gratuita y algunos han llevado a cabo sus trabajos desde los años noventa.
Kravetz ha manifestado que la decisión de las autoridades llegó después de que la Iglesia apostara por un diálogo sobre paz y reconciliación en el país a través de una carta emitida por cuatro obispos católicos del país.
En la misma, reclamaron a las autoridades del país que aplicaran un plan sobre verdad y reconciliación y que pusieran en marcha reformas para que los eritreos dejaran de abandonar el país debido a la mala calidad de vida en el mismo.
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