La ONG denuncia la falta de libertad de expresión, el uso de la pena de muerte y ausencia de garantías legales en el país asiático
MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional aprovechó hoy para reclamar a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que "el Gobierno español que no vuelva a ignorar la grave situación de Derechos Humanos que se vive en China" y ésta aproveche su visita al gigante asiático de esta semana para pronunciarse públicamente en favor de los derechos fundamentales.
"Hasta la fecha, el Gobierno español, en sus contactos al más alto nivel con las autoridades chinas, ha antepuesto sus intereses económicos a la situación de Derechos Humanos allí, un país donde se producen ejecuciones, torturas y malos tratos, detenciones arbitrarias, desalojos forzados, restricciones a la libertad de expresión y otras graves violaciones de Derechos Humanos", señaló el director de AI en España, Esteban Beltrán.
Por ello, añade, "pedimos a la vicepresidenta un compromiso expreso de que los Derechos Humanos serán una prioridad en esta nueva visita". En este sentido, reclaman a De la Vega un pronunciamiento público pidiendo a las autoridades chinas que cumplan los compromisos relativos a los Derechos Humanos que contrajeron en abril de 2001, cuando se eligió a Beijing como sede de los próximos Juegos Olímpicos, igual que los que asumió cuando resultó elegida para el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo 2006.
La ONG recuerda en un comunicado que en las anteriores reuniones bilaterales, como la visita del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a China en julio de 2005 o la del presidente chino, Hu Jintao, a España en noviembre de 2005, no se trataron asuntos de Derechos Humanos.
Durante la visita de Zapatero a China la prioridad fue estrechar los lazos comerciales y culturales entre ambos países y "resultó alarmante la ausencia de mensajes destinados a promover el respeto de los Derechos Humanos", según AI. Además, el presidente "abogó sin reservas por el levantamiento del embargo de armas a China, por considerarlo anacrónico, a pesar de las graves violaciones de Derechos Humanos que se cometen en este país".
En cuanto a la visita de Hu a España, ésta sirvió para firmar un Tratado de Extradición, pese a que, recuerda la ONG, no se puede extraditar a nadie a lugares donde puedan sufrir violaciones de Derechos Humanos y China es país donde la aplicación de la pena de muerte se caracteriza por el secretismo y la falta de transparencia y la tortura es generalizada.
PENA DE MUERTE
A este respecto, el comunicado recuerda que en China la pena de muerte se impone por al menos 68 delitos. AI calcula que en 2005 se ejecutó a más de 1.770 personas y se condenó a muerte a 3.900, si bien se cree que las cifras reales son mucho más elevadas. En marzo de 2004, un miembro de la Asamblea Nacional Popular declaró que China lleva a cabo 10.000 ejecuciones anuales.
Además, denuncia Amnistía, desde que se introdujo en 1996 el uso de la inyección letal como forma de ejecución, puede estar facilitándose la extracción de órganos de los presos ejecutados. Así, se estima que los órganos procedentes de presos ejecutados suponen alrededor del 99% del total de órganos transplantados. "El transplante de órganos se ha convertido en un gran negocio, sobre todo desde la privatización del sistema de salud en China, lo que podría ser un incentivo económico para mantener la pena de muerte", añade la ONG.
Por otra parte, la utilización de la "reeducación por el trabajo" está aún muy extendida en China, pese a los repetidos llamamientos hechos dentro y fuera del país para pedir su abolición, señala el comunicado, subrayando que esta técnica de detención administrativa, sin cargos ni juicio, se aplica a cientos de miles de personas que corren peligro de sufrir tortura o malos tratos.
Asimismo, la ONG destaca que desde la prohibición de Falung Gong en julio de 1999 por ser una "amenaza para la estabilidad social y política", decenas de miles de practicantes de este movimiento espiritual han sido detenidos arbitrariamente en China. Las personas acusadas de ser dirigentes u organizadores de Falun Gong han sido encarceladas, mientras que otras han sido ingresadas en hospitales psiquiátricos, si bien la inmensa mayoría han sido recluidas en centros de "reeducación por el trabajo".
AUSENCIA DE GARANTIAS LEGALES
Amnistía Internacional también denuncia en su comunicado que de forma habitual, se niega el debido procedimiento legal a personas acusadas tanto de delitos políticos como de delitos comunes, persistiendo las severas restricciones al acceso de los detenidos a abogados y familiares, y los juicios no cumplen las normas internacionales de justicia procesal.
Además, las autoridades chinas siguen utilizando disposiciones del Código Penal relativas a "subversión", "secretos de Estado" y otros delitos contra la seguridad nacional definidos de forma imprecisa para procesar a activistas pacíficos y partidarios de la reforma. Así, abogados, periodistas, activistas en favor de los derechos de las personas con VIH/sida y defensores del derecho a la vivienda son hostigados, detenidos o encarcelados por documentar abusos contra los Derechos Humanos, hacer campaña a favor de la reforma o intentar conseguir un resarcimiento para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos.
A esto se suma la represión contra periodistas, periódicos y sitios web en China, que continuó el año pasado, suscitando serias dudas al respecto del cumplimiento del compromiso de garantizar "completa libertad a los medios de comunicación" durante los Juegos Olímpicos de 2008. Cientos de sitios web internacionales continúan bloqueados y miles de sitios web chinos han sido cerrados, señala AI.
Por último, la ONG denuncia que los migrantes internos en China --entre 150 y 200 millones de ciudadanas y ciudadanos chinos procedentes de zonas rurales que residen y trabajan en ciudades-- son víctimas de diversas violaciones de Derechos Humanos y de discriminación debido a su origen social.
A estas personas, se les excluye de una amplia gama de servicios, prestaciones sociales y derechos positivos disfrutados por otros residentes urbanos, y muchos siguen corriendo el riesgo de ser trasladados a la fuerza a sus lugares de origen, indica el comunicado, añadiendo que sus hijos, es decir unos 20 millones de niños, son discriminados en su derecho a una educación gratuita y obligatoria.
