PARÍS, 21 May. (del corresponsal de EUROPA PRESS, Salvador Martínez) -
El ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, defendió hoy una política de regularizaciones "caso por caso" frente a las regularizaciones masivas, ya que el reciente ejemplo español, aseguró, ha creado una "situación extraordinariamente compleja" en Canarias y ha obligado a España a "pedir ayuda a la Unión Europea para financiar aviones y barcos a fin de reforzar su protección".
En su primera entrevista como ministro concedida a la radio francesa 'Europe 1', Brice Hortefeux sostuvo que el Gobierno francés no llevará a cabo regularizaciones masivas por tratarse de una medida que "no funciona".
Hortefeux criticó la regularización masiva de 80.000 personas registrada en Francia en 1997 por iniciativa del gobierno sel socialista Lionel Jospin, por considerar que produjo un "inmediato efecto llamada" y multiplicó por cuatro las peticiones de asilo en Francia en cinco años.
Según Hortefeux, tanto el ejemplo francés de 1997 como el reciente español ponen de manifiesto que las regularizaciones masivas "hay que evitarlas". "El ejemplo español es interesante", dijo Hortefeux, pues España "ha regularizado 500.000 clandestinos" y hoy, "en las Islas Canarias, se encuentran en una situación extraordinariamente compleja". Tanto es así, según el ministro galo, que "España se ve obligada a pedir ayuda a la Unión Europea para financiar aviones y barcos para reforzar su protección".
Por ello, Hortefeux manifestó la voluntad del Gobierno francés de regularizar "caso por caso" de forma más rápida de lo que había sido habitual hasta ahora. "Debemos ir más rápido" porque "vivimos en el país que más lentamente se regulariza" a quienes lo solicitan, reconoció el ministro. El proceso de regularización en Francia puede durar hasta dos años, cuando en otros países europeos un inmigrante puede obtener un permiso de residencia en seis meses.
"Mi política estará regida por la firmeza y por el humanismo", prometió. En este sentido, se mantuvo "firme" sobre las cifras de expulsiones del territorio francés, que en 2007 alcanzaron las 25.000 personas, aunque anticipó que las repatriaciones de los inmigrantes ilegales se llevarán a cabo "con el respeto que merecen las personas" y, por tanto, "con la presencia de organizaciones humanitarias como la Cruz Roja".
