PARÍS 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo francés no irá en contra del dictamen del Consejo constitucional que limitó la aplicación de la ley en virtud de la cual se pueden crear centros de detención para recluir a los delincuentes considerados peligrosos una vez purgada su pena.
La controvertida medida fue aprobada el pasado 7 de febrero en el Parlamento y recurrida por el Partido Socialista ante el Consejo constitucional, órgano que el pasado jueves 21 de febrero validó el "principio" de detención por motivos de seguridad pero rechazó su aplicación con carácter retroactivo, lo que hace inaplicable la ley antes de quince años.
Con este anuncio, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, pierde así la batalla para lograr una aplicación inmediata del texto legislativo elaborado por la ministra de Justicia, Rachida Dati, para cumplir el compromiso de Sarkozy tras una serie de delitos ocurridos el pasado verano que conmocionaron al conjunto de la opinión pública francesa. Entre otras cosas, la ley prevé la creación de "centros médico-sociales-judiciales" donde los delincuentes a los que se considere "peligrosos y susceptibles de reincidir" podrán ser internados una vez cumplida su pena.
La retención por motivos de seguridad se podrá decretar por un año de duración renovable y se aplicará "con carácter excepcional" tras la decisión del Tribunal de instrucción. Se tendrá que demostrar que existe una "muy alta probabilidad" de reincidencia y que la persona condenada padece un "grave trastorno de personalidad".
El primer presidente del Tribunal Supremo, Vincent Lamanda, aceptó reflexionar sobre la cuestión de la detención pero aseguró que no cuestionará la decisión del Consejo constitucional sobre la no retroactividad de la ley.
No habrá, por tanto, un pulso institucional con el presidente Sarkozy, que provocó una viva polémica entre los magistrados y la clase política al cuestionar la decisión del Constitucional y acudir al Supremo.