MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
La empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, propietaria del barco apresado hoy por la Guardia Civil a 3,5 millas al sur de Punta Europa, aseguró que las autoridades judiciales españolas le garantizaron ayer que el buque 'Ocean Alert' sería inspeccionado en el mar, en lugar de trasladarlo a un puerto español.
La compañía atribuyó en un comunicado esta contradicción a una "falta de comunicación" entre autoridades españolas. También señala que la Benemérita interceptó el barco en "aguas internacionales", según la legislación marítima internacional.
Añade que después de que la Guardia Civil abordara el 'Ocean Alert' amenazó al capitán con usar la fuerza si no dirigía la embarcación hacia el puerto de Algeciras. Según otro comunicado de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, se invitó al capitán a tomar esta dirección.
La empresa confirmó que en el mismo día de hoy comenzó la inspección del barco, que se espera que concluya en dos o tres días. Además, según han informado las autoridades españolas a un representante de la compañía, permitirán salir del puerto al 'Ocean Alert' una vez concluya la inspección.
Un día antes de que el barco abandonara el puerto de Gibraltar, continúa la compañía, representantes legales de Odyssey se reunieron con la Guardia Civil y un juez de La Línea (Cádiz) para informarles de la hora prevista de salida del barco y convenir el lugar del abordaje de éste y su posterior inspección. La empresa afirma asimismo que nunca recibió una orden de ningún juez español para inspeccionar o apresar barcos de su propiedad.
La actuación de la Guardia Civil de hoy responde a la orden judicial dictada en junio por una jueza de Cádiz para apresar los buques de Odyssey en cuanto entraran en aguas territoriales españolas --ya que se refugiaban en Gibraltar-- para llevarlos a un puerto español y proceder a su registro con el fin de obtener pistas que permitan esclarecer si el tesoro recuperado recientemente por la empresa pertenece al patrimonio español.
La ex ministra de Cultura Carmen Calvo aseguró a finales de junio que el Gobierno baraja como principal hipótesis que el cargamento extraído por la empresa Odyssey sea de un pecio de bandera española, aunque hallado en "aguas internacionales".
Asimismo señaló que se persigue jurídicamente a la empresa norteamericana por "presunto expolio" y por "presuntas actividades ilícitas" al no haber concedido a la empresa norteamericana permiso ni autorización de ningún tipo para investigar en aguas españolas.
Por otra parte, Odyssey indicó que recientemente proporcionó al Gobierno español, la Junta de Andalucía, y a los Ejecutivos británico y estadounidense una declaración jurada de 109 páginas que detalla las actividades de la empresa con respecto al descubrimiento del barco bautizado como 'El Cisne Negro', que la empresa afirma que encontró en el Océano Atlántico, más allá de las aguas territoriales de cualquier país, y del que ha recuperado medio millón de monedas de plata.
Esa documentación, precisa, cubre nueve años de comunicaciones y reuniones entre Odyssey, la Junta de Andalucía y los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y España y pretende responder a las preguntas que le planteó el Ejecutivo español tras el anuncio del hallazgo del tesoro, así como aclarar que la empresa siempre ha actuado de forma "legal" y con "completa transparencia".
La empresa también se ha comprometido a proporcionar información adicional, en respuesta a los requerimientos del Gobierno español, al un juez federal estadounidense a finales de este mes. Esta información contendrá informes arqueológicos sobre tres yacimientos en el océano que se encuentran fuera de las aguas territoriales de cualquier país y sobre los que la empresa ha pedido derechos de explotación.
