Archivo - Una mujer sostiene una pancarta durante una protesta contra los planes de enviar migrantes a Ruanda y exigir al Gobierno que cancele el primer vuelo programado el martes. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa
Archivo - Una mujer sostiene una pancarta durante una protesta contra los planes de enviar migrantes a Ruanda y exigir al Gobierno que cancele el primer vuelo programado el martes. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa - Dominic Lipinski/PA Wire/dpa - Archivo
Publicado: miércoles, 20 julio 2022 7:30

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ruandés tuvo acceso y modificó el informe de seguridad supuestamente "objetivo, imparcial e independiente" realizado por el Gobierno de Reino Unido antes de ser publicado, y funcionarios del Reino Unido expresaron su preocupación por el acuerdo de deportación con Ruanda, según documentos inéditos del Ministerio del Interior de Reino Unido, ha informado este martes la cadena británica BBC.

Los abogados de los impugnadores de la política sobre Ruanda ante el Tribunal Superior, han dicho que las afirmaciones sobre que los documentos del Equipo de información sobre políticas nacionales del Ministerio del Interior (CPIT) de Reino Unido era independiente "son difíciles de conciliar con un escenario en el que el gobierno ruandés tuvo la oportunidad de comentar el borrador final, y de sugerir enmiendas sobre su propio historial de Derechos Humanos".

El Ministerio del Interior impulsó su política de envío de solicitantes de asilo a Ruanda a pesar de las reiteradas preocupaciones de los funcionarios del Reino Unido, según se desprende de los documentos presentados en una audiencia del Tribunal Supremo.

En este sentido, la oposición a esta política de asilo fue planteada por funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido, con advertencias de que, si se firmaba el acuerdo, Reino Unido "tendría que estar preparado para limitar las posiciones del Reino Unido sobre el historial de Derechos Humanos de Ruanda, y para absorber las críticas resultantes del Parlamento británico y de las ONG".

Asimismo, se ha sabido que el año pasado, el Alto Comisionado del Reino Unido en Ruanda envió un memorando al Ministerio del Interior británico desaconsejando cualquier acuerdo de asilo con el país africano.

El Alto Comisionado criticó su historial de Derechos Humanos y la "mano dura" en materia de seguridad, y advirtió que un acuerdo podría "causar problemas de reputación y afectar a nuestra capacidad, dirigida por los ministros, de plantear cuestiones difíciles al régimen".

Por su parte, el jefe de negociación del sindicato PCS, Paul O'Connor ha recalcado que "las revelaciones de la audiencia de este martes son extraordinarias. Pintan la imagen del Ministerio del Interior desesperado por hacer aprobar esta política, incluso a pesar de las serias reservas planteadas por los altos funcionarios del departamento. Los documentos presentados ante el Tribunal indican que el ministro del Interior es muy consciente de las violaciones de los Derechos Humanos en Ruanda".

Así, ha hecho hincapié en que "el Gobierno de Reino Unido tiene que abandonar esta política si quiere conservar una sola pizca de credibilidad de que se toma en serio sus obligaciones legales".

En este sentido, la fundadora de Care4Calais, Clare Moseley ha dicho: "la política de Ruanda suscitó serias preocupaciones a nivel interno. El ministro del Interior tiene un desprecio absoluto por las vidas de personas que ya han experimentado un trauma inimaginable".

La ministra del Interior, Priti Patel, presentó en abril el proyecto "pionero" para deportar a inmigrantes que hayan llegado ilegalmente al territorio británico hasta Ruanda, donde se podría gestionar su solicitud de asilo.

El primer vuelo de deportaciones estaba previsto para junio, pero un recurso judicial impidió que se consumara. Las ONG Care4Calais y Acción Detención impulsoras del recurso anunciaron que no se celebrará la vista hasta septiembre.

El primer ministro británico, Boris Johnson, se encuentra en funciones, pero todos los candidatos a sucederle han declarado su intención de respetar el programa de deportaciones a Ruanda.

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