MADRID, 26, (EUROPA PRESS)
Human Rights Watch ha denunciado que el Gobierno griego pretende presentar un proyecto de ley que disuada a los inmigrantes que han sido agredidos por las fuerzas del orden de denunciar estos ataques violentos.
La ONG ha añadido que el Ejecutivo debería reintroducir medidas para proteger a las personas indocumentadas víctimas de agresiones y a los testigos que hayan presenciados delitos, incluyendo la violencia racista. El Parlamento está debatiendo estos problemas en un proyecto de ley que regula la inmigración.
"Los últimos propósitos del Gobierno, que pretende registrar a todos los indocumentados que denuncien abusos por parte de las fuerzas del orden, van en la dirección equivocada", ha declarado la especialista de Human Rights Watch en Grecia, Eva Cossé. "En lugar de animar a las víctimas a dar este paso, están consiguiendo el efecto contrario y poniendo obstáculos a la justicia", ha añadido.
El ministro de Interior griego, Giannus Michelakis, introdujo una enmienda al proyecto de ley que pretendía arrestar, perseguir y deportar a los inmigrantes que acusen a empleados públicos de usar la violencia contra ellos si los tribunales consideran que la denuncia es falsa o no cuenta con las pruebas suficientes.
La polémica enmienda ha sido retirada dos veces del borrador en la última semana, en medio de las críticas de la oposición y de uno de los partidos que forman la colación gobernante en Grecia, el Partido Socialista Panhelénico. El Gobierno ha anunciado que presentará una nueva versión de la enmienda esta semana.
La norma violaría el principio de no discriminación al limitar el acceso a la justicia a las víctimas que han sufrido agresiones por parte de funcionarios griegos, ha informado Human Rights Watch.
La organización humanitaria también ha criticado que esta ley revertiría la presunción de inocencia a expensas de las víctimas y testigos de delitos cometidos por las fuerzas del orden, creando una presunción de culpabilidad en quienes denuncien si los tribunales no deciden presentar cargos contra el personal público denunciado.
El Gobierno también ha retirado un artículo del proyecto de ley que habría dado a los tribunales la autoridad de subvencionar visas humanitarias a las víctimas y testigos de delitos graves o crímenes importantes, en los que se incluían los delitos motivados por el odio. Human Rights Watch ha denunciado que víctimas indocumentadas de estas agresiones temen ser detenidos y deportados si denuncian un ataque racista.
El Ejecutivo griego debería introducir inmediatamente una cláusula humanitaria, ha declarado Human Rights Watch. Además, la ONG ha declarado que los funcionarios deberían suspender cualquier acción que la ley contemple contra la condición de indocumentado del denunciante, al menos hasta que un fiscal haga una evaluación primaria sobre los datos que se aporten en la denuncia. Estas disposiciones serían coherentes con la directiva de la Unión Europea sobre los derechos, apoyo y protección de víctimas de actos violentos.
"Interesa a todos lo griegos que los responsables de delitos violentos asuman la responsabilidad de sus actos, incluyendo a las fuerzas del orden", ha añadido Cossé. " El Gobierno debe animar a denunciar, no amenazar a las víctimas con arresto, detención y deportación", ha concluido.
