WASHINGTON, 1 Mar. (EP/AP) -
Estados Unidos presentó hoy cargos criminales contra David Hicks, ciudadano australiano presunto colaborador de los talibán en Afganistán, el primer detenido en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, acusado formalmente por el Departamento de Defensa estadounidense bajo la nueva legislación que regula las comisiones militares aprobada por la Washington.
Los cargos han sido presentados contra Hicks a pesar de la objeción del Ejecutivo australiano que pidió a Washington que no lo hiciera. En este sentido, practicamente la mitad de los parlamentarios australianos firmaron y remitieron una carta el mes pasado al Congreso estadounidense pidiendo su extradición.
La situación de Hicks fue tratada recientemente entre el vicepresidente estadounidense, Dick Cheney, y el primer ministro australiano, John Howard, en la última visita de aquél en el marco de su última gira asiática. Con las elecciones a la vista, Howard pidió a las autoridades estadounidenses acelerar la tramitación del caso de Hick lo antes posible.
Hicks fue capturado en Afganistán en diciembre de 2001 y ha permanecido retenido en Guantánamo durante los últimos cinco años sin haber sido sometido a un proceso judicial y sin acceso a asistencia jurídica.
El Departamento de Defensa estadounidense acusa a Hicks de "proporcionar material que apoya el terrorismo", cargo por el que podría enfrentarse a cadena perpetua.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ya declaró el año pasado inconstitucionales las acusaciones por tales tribunales militares, que con la nueva legislación impulsada cobran plena legalidad.
El Tribunal Supremo denunció entonces que el sistema de tribunales castrenses vigente para procesar a los detenidos en Guantánamo era ilegal y violaba los acuerdos internacionales relativos al tratamiento de prisioneros de guerra, calificación que no recibían por parte de Estados Unidos los "combatientes enemigos" retenidos en la base cubana alquilada por Estados Unidos.
COMISIONES MILITARES
El pasado otoño, el Congreso norteamericano aprobó una ley que regulaba las normas por las que se debía proceder a juzgar a los sospechosos de terrorismo en el seno de comisiones militares, al tiempo que se diseñó para proteger la información clasificada y reducir los derechos de los detenidos --quienes no tienen derecho al habeas corpus-- respecto a los que tendrían de ser procesados tanto por tribunales civiles como castrenses.
Por su parte, un funcionario del Pentágono, apelando al anonimato, informó de la intención del Ejército estadounidense de presentar cargos en contra de otros nueve detenidos en Guantánamo en breve.
Una vez que los cargos formales se han presentado, se exige la celebración en un plazo de 30 días de las audiencias judiciales preliminares, mientras que el juicio debe celebrarse en el plazo de 120 días en la bahía de Guantánamo, donde 385 sospechosos de terrorismo permanecen aún detenidos.
Por otra parte, el Departamento de Defensa norteamericano anunció hoy la transferencia de dos detenidos desde Guantánamo a Afganistán, mientras que otros tres fueron trasladados a Tayikistán, después de que una junta multidisciplinar así lo determinara.
Mientras, 85 detenidos que permanecen en Guantánamo han sido calificados por el Ejecutivo estadounidense como "transferibles" o "liberables" después de numerosos procesos de revisión de sus casos, a la espera de que concluyan las negociaciones entre Washington y los respectivos países de origen para su transferencia.
Desde 2002, unos 390 detenidos han regresado de Guantánamo a sus respectivos países de origen, incluidos Albania, Afganistán, Australia, Bangladesh, Bahrein, Bélgica, Dinamarca, Egipto, Francia, Alemania, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Libia, Maldivas, Marruecos, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí, España, Suecia, Sudán, Tayikistán, Turquía, Uganda, Reino Unido y Yemen.
