MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch ha manifestado este domingo que todas las pruebas que maneja, entre fotografías, vídeos y declaraciones de testigos, indican "de manera contundente" que un miembro de las fuerzas de seguridad egipcias fue el responsable de la muerte de la activista Shaimaa al Sabbagh durante una manifestación en El Cairo el pasado mes de enero.
Esta conclusión es el resultado del análisis de 18 fotografías y tres vídeos del incidente y de los testimonios de cuatro testigos presenciales. Muchas de estas pruebas apuntan a un policía vestido de negro, encapuchado y sin insignias que realiza varios disparos al aire sin previo aviso para dispersar a los manifestantes --entre 20 y 30-- y unos segundos después apuntar hacia los activistas y realizar un tercer disparo que sería el que alcanzó a Al Sabbagh.
"Esta prueba demuestra que las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza ese día en la plaza Talaat Harb en respuesta a una protesta pequeña y pacífica", denuncia HRW. El grupo corrobora además que los agentes emplearon gases lacrimógenos y fuego de perdigones, éste último responsable probable de la muerte de Al Sabbagh.
Uno de los vídeos recoge incluso el momento concreto del disparo y cómo la activista se desploma junto a un compañero que participaba en la protesta, convocada por el Partido Alianza Popular Socialista, al que pertenecía la propia Al Sabbagh.
"Puede verse a un hombre enmascarado con ropas oscuras de pie junto a un oficial de uniforme, identificado como un general de brigada. El enmascarado se pone en posición de disparar y apunta su arma hacia los manifestantes mientras el oficial corre y apunta a los activistas", señala HRW. Inmediatamente después se escucha un disparo y se ve cómo Al Sabbagh se desploma al suelo. Dos manifestantes se acercan a ella para ayudarla.
INVESTIGACIÓN
La autopsia reveló que Al Sabbagh recibió dos perdigonazos, uno en la espalda y otro en el cuello a una distancia de unos ocho metros. El proyectil de la espalda penetró en corazón y pulmones, causándole heridas fatales.
El fiscal general egipcio, Hisham Barakat, anunció una investigación sobre lo ocurrido el mismo día del incidente, el 24 de enero. "El fiscal general debe cumplir con su compromiso y llevara ante la justicia a los responsables de la muerte de Al Sabbagh", ha afirmado la directora de HRW para Oriente Próximo y el norte de África. "El mundo observa para ver si este caso rompe el patrón de impunidad para violaciones de derechos vinculado a la justicia egipcia desde la revolución de 2011", ha añadido.
De hecho, el propio Barakat ha revelado que las "investigaciones preliminares" apuntan a que la Policía solo utilizó gases lacrimógenos y únicamente cuando los manifestantes no cumplieron la orden de disolverse. Además, asegura que éstos lanzaron petardos y piedras contra los agentes.
Después de los disparos, los policías detuvieron a varios activistas, incluido Sayyid Abou al Ela, quien ayudaba a Al Sabbagh para intentar trasladarla a un hospital junto a otros tres hombres. Los detenidos permanecieron bajo custodia dos días y después fueron interrogados en calidad de sospechosos.
También fue arrestado el líder del partido de Al Sabbagh, Zohdi al Shami, de 60 años, también presente el día de la manifestación. Al Shami fue retenido durante nueve horas y después se ordenó su detención, acusado de llevar un arma al acto.
Después distintas autoridades han especulado con la falsedad de las imágenes o han acusado a los manifestantes de atacar a las fuerzas de seguridad. "Decir que los manifestantes atacaron a los policías o que las imágenes de la muerte de Al Sabbagh son falsas va en contra de todas las pruebas disponibles", ha señalado Whitson, de HRW.
El grupo recuerda que durante la revuelta de 2011 que propició la caída del régimen del presidente Hosni Mubarak, murieron al menos 846 manifestantes, pero solo tres miembros de las fuerzas de seguridad y de bajo rango han sido condenados y sentenciados a prisión.
En los disturbios de julio y agosto de 2013, tras el golpe de Estado del 3 de julio contra el presidente islamista Mohamed Mursi, murieron al menos 1.150 manifestantes, pero no se han presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad. Por todo ello, HRW pide una investigación independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
