MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han criticado este miércoles la decisión del Parlamento de Bahréin de aprobar nuevas medidas contra los participantes en protestas o actos de oposición en el marco de lo que describe como "lucha antiterrorista", argumentando que dichas medidas suponen un recorte de los derechos fundamentales de la población.
A través de un informe, HRW ha sostenido que la decisión del Parlamento "dará excesivos poderes a las autoridades para actuar de forma arbitraria para restringir libertades como la de reunión y expresión".
"Bahréin se ha pasado los últimos dos años aplastando protestas pacíficas y violando los derechos de la población", ha dicho el subdirector de la organización para Oriente Próximo, Nadim Houri.
"Ahora planea un nuevo paquete de medidas draconianas, creando de forma efectiva un nuevo estado de emergencia, a pesar de que los manifestantes pacíficos que encabezaron las últimas protestas están en la cárcel cumpliendo largas penas de prisión", ha agregado.
En la actualidad, alrededor de 50 personas están siendo juzgadas por "establecer y dirigir de forma ilegal" el Grupo 14 de Febrero, que promovió las protestas antigubernamentales que sacudieron el país en 2011. Las autoridades acusan a los miembros de la formación de "cometer actos de violencia contra civiles y agentes de las fuerzas de seguridad".
"Loa paralelismos entre las protestas de 2011 y la dura respuesta del Gobierno a las mismas suponen una gran preocupación. Aplastar las peticiones legítimas de la población sólo generará descontento y provocará un aumento de la tensión", ha dicho Houri.
Por último, ha criticado al Gobierno "por hablar mucho de la necesidad de una reconciliación nacional mientras sus acciones siguen yendo dirigidas a suprimir las protestas legítimas y a minar toda posibilidad de que el diálogo sea exitoso".
Por su parte, AI ha advertido de que la adopción de las medidas propuestas por el Parlamento provocará nuevas violaciones de las obligaciones internacionales del país con los Derechos Humanos. Así, ha expresado su temor de que minen las libertades de expresión, reunión y asociación.
En este sentido, ha expresado una vez más con la legislación antiterrorista del país y ha acusado al Gobierno de utilizar su ambigüedad para reprimir las protestas contra su mandato.
LA DECISIÓN DEL PARLAMENTO
El organismo aprobó el domingo durante una sesión extraordinaria la retirada de la ciudadanía a cualquier persona en base a motivos de seguridad y ha solicitado la prohibición de toda manifestación en la capital, Manama.
"Todas las medidas necesarias para imponer la seguridad y la paz social, incluyendo la Ley de Seguridad Nacional, han de ser implementadas en caso de que se viole la ley o en la que la seguridad de la gente y de los intereses privados y públicos sean atacados", indicó el Parlamento a través de un comunicado.
La Ley de Seguridad Nacional fue impuesta en marzo de 2011 tras varias semanas de manifestaciones contra el Gobierno en el país y conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas. La medida fue levantada en junio.
Asimismo, el Parlamento resaltó que las fuerzas de seguridad deben de contar "con las prerrogativas apropiadas y necesarias para proteger a la sociedad".
Por otra parte, solicitó a los embajadores y diplomáticos extranjeros no interfieran en los asuntos internos "en línea con el Derecho Internacional y las tradiciones", al tiempo que dijo que los discursos en público "han de ser moderados y estar destinados a preservar la cohesión social".
En este sentido, advirtió de que tomará medidas legales contra "toda aquella persona que utilice ilegalmente las redes sociales para publicar información falsa a entidades extranjeras que mantengan sentimientos negativos hacia Bahréin".
Por último, matizó que los derechos fundamentales de la población no han de verse afectados por tales medidas, si bien recalcó que las fuerzas de seguridad han de actuar para hacer frente a cualquier situación "por el bien público".
CRÍTICAS DEL BCHR
En respuesta, el Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) describió el lunes al Parlamento del país como "una herramienta utilizada por el Gobierno contra los ciudadanos" y condenó "la campaña de acoso lanzada por el Ejecutivo contra el derecho de manifestación de la población".
Así, señaló que es "incluso más preocupante el uso del Parlamento, que se supone que representa al pueblo, para activar leyes que violan sus derechos fundamentales".
Por su parte, la presidenta en funciones del BCHR, Mariam al Jawaja, puntualizó que "la situación de los Derechos Humanos continúa deteriorándose en un momento en el que se suceden las promesas vacías de las autoridades sobre reforma".
"La sesión especial (del Parlamento) no trató sobre la introducción de nuevos castigos: éstos han sido puestos en práctica anteriormente. Se trataba de presentar estas medidas bajo un nuevo título y una nueva cara", valoró.
Así, Al Jawaja argumentó que las autoridades "han intentado crear miedo desde el anuncio de las protestas que se celebrarán el 14 de agosto en el marco de la campaña Tamarod ('Rebélate'), y esto parece ser parte de ello".
"El deterioro de la situación de los Derechos Humanos (en el país) está vinculada directamente con la impunidad de la que disfrutan las autoridades bahreiníes y la falta de presión real por parte de sus aliados, fundamentalmente Estados Unidos y Reino Unido, para que ponga fin a sus violaciones sistemáticas", remachó.
Por ello, el BCHR pidió "que se ponga fin a los ataques contra la oposición y a la restricción de las manifestaciones pacíficas, la cancelación de las recomendaciones del Parlamento, el fin de las violaciones de los Derechos Humanos y la implementación de reformas reales".
Asimismo, solicitó que se acabe con "la cultura de la impunidad", que los responsables de los crímenes cometidos por las autoridades rindan cuentas, que se revoque la Ley Antiterrorista y que se retiren los "cargos fabricados" contra los que están siendo juzgados bajo la misma.
CONTEXTO POLÍTICO
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante los dos últimos años las protestas pro democráticas en el territorio.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras(RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
En enero, el monarca hizo una propuesta de diálogo a la oposición, que respondió que la misma "es vaga y está cubierta de niebla", al tiempo que destacó que "no refleja un acercamiento real y serio para responder a las demandas de la población".
El anterior proceso de diálogo para intentar poner fin a la crisis política en Bahréin concluyó en julio de 2012 sin alcanzar ningún acuerdo por la retirada del principal grupo de la oposición, Al Wefaq, que denunció que estaba infrarrepresentado en la mesa de diálogo.
