MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha celebrado la conclusión de la investigación judicial sobre la masacre de 2009 en Guinea, que supuso la muerte de más de 150 manifestantes y agresiones sexuales a más de 100 mujeres, como un gran y esperado paso de cara a asegurar la justicia para las víctimas.
De acuerdo con la directora adjunta de justicia internacional de Human Rights Watch, Elise Keppler, la conclusión de este proceso supone un cambio relevante. "Más de ocho años después de haberse cometido los crímenes, el cierre de la investigación implica que las víctimas y sus familias han visto que se ha dado un paso más para hacer justicia", ha dicho.
Además, ha indicado que "la tan esperada conclusión sobre la investigación de lo sucedido el 28 de septiembre de 2009 da una esperanza de que la rendición de cuentas por los crímenes será finalmente posible en el sistema judicial de Guinea". Keppler también ha asegurado que tanto el Gobierno de Guinea como sus aliados internacionales deberían dar pasos para asegurarse de que los tribunales tengan recursos para tratar estos casos de manera justa, con la protección adecuada y con seguridad para las personas implicadas.
Se trata de una de las situaciones más complejas y sensibles que la justicia guineana ha tratado nunca, no solo por la matanza en sí misma, sino porque requiere medidas para garantizar la protección y la seguridad de los testigos, las víctimas o los propios jueces. Además, Human Rights Watch considera que la población debería estar informada del caso para maximizar su impacto.
Las víctimas y sus familias han afirmado que han sentido mucha esperanza tras ver que la investigación se estaba cerrando. Un hombre de 52 años que resultó herido en la protesta ha indicado que todavía siente dolor por sus heridas y que desea conocer la verdad. Del mismo modo, una víctima de violencia sexual ha señalado que el cierre del proceso le produce una gran esperanza y que reza a Dios por que se sepa la verdad sobre lo sucedido.
Para elaborar su sentencia, los jueces han oído los testimonios de más de 450 víctimas, de los miembros de su familia y de testigos, entre los que se incluyen miembros de los servicios de seguridad. La Federación Internacional de Human Rights Watch, las asociaciones de víctimas y sus abogados han llevado a cabo acciones civiles que han permitido a los afectados participar en los procedimientos penales, lo que ha posibilitado que faciliten información de cara a la investigación.
La investigación, que empezó en febrero de 2010, ha abierto nuevas vías a la hora de combatir la impunidad en el país africano, si bien se ha encontrado con numerosos obstáculos políticos, financieros y logísticos que han ralentizado el proceso, ha denunciado HRW. Durante el proceso, los jueces han presentado cargos contra importantes miembros de las fuerzas de seguridad. Entre estos se incluyen el antiguo líder de la junta militar gobernante entonces, el Consejo Nacional para la Democracia y el Desarrollo, Moussa Dadis Camara, su vicepresidente, Mamadouba Toto Camara y su ayudante de campo, al que extraditaron a Guinea en marzo tras estar en libertad más de cinco años.
Bajo el sistema legal de Guinea, el fiscal dispone ahora de hasta un mes para revisar los archivos del proceso y para proponer algún cambio. Finalmente, serán los jueces quienes revisen las sugerencias del fiscal y tomen la decisión definitiva sobre los acusados y los cargos.
El Tribunal Penal Internacional (TPI), que actúa solo cuando las autoridades nacionales no lo hacen, abrió una investigación preliminar sobre la situación de Guinea en octubre de 2009 y ha rogado a Guinea que asegure el progreso de la investigación.
Un aspecto no esclarecido aún es la localización de fosas comunes, las cuales podrían contener en torno a 100 víctimas. Un hombre cuyo padre desapareció en 2009 ha contado que espera localizar sus restos y que la verdad salga a la luz.
