La ONG pide que el resultado de la comisión de investigación se haga público y se procese también a altos cargos si es necesario
MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El 3 de junio de 2019 más de 120 personas murieron y varios cientos más resultaron heridas y fueron víctimas de abusos durante la violenta represión de la sentada de protesta en Jartum. Un año después, ha denunciado Human Rights Watch (HRW), el Gobierno de transición que surgió como resultado de las protestas y el golpe de Estado militar contra Omar Hasán al Bashir aún no ha hecho justicia.
Las protestas que habían comenzado meses antes no terminaron con la salida de Al Bashir del poder el 11 de abril de 2019, cuando se instauró un consejo militar en el poder, sino que los manifestantes siguieron concentrándose en una sentada frente a la sede del Ejército en Jartum para reclamar un gobierno civil.
Finalmente, el 3 de junio, las fuerzas de seguridad rodearon y dispersaron por la fuerza a los congregados, utilizando munición real directamente contra los manifestantes y llevando a cabo palizas, violaciones, agresiones sexuales y otro tipo de abusos. Durante la operación, también se produjeron ataques contra personal médico, hospitales y clínicas, ha recordado HRW.
La investigación llevada a cabo por la ONG en agosto pasado llegó a la conclusión de que al menos 120 personas murieron y más de 900 resultaron heridas entre el 3 y el 18 de junio. Además, las autoridades sudanesas estiman que al menos 64 mujeres fueron violadas y otras fueron víctimas de agresiones sexuales.
HRW llegó a la conclusión de que los crímenes y abusos cometidos podrían constituir crímenes contra la Humanidad, ya que se enmarcaron en la tradicional práctica del Gobierno de uso excesivo, incluso letal, de la fuerza contra manifestantes desarmados.
En agosto, el Ejército y la oposición civil llegó a un acuerdo para la creación de un Gobierno de transición que llevará al país a elecciones en 2022. Además, el acuerdo incluía una investigación independiente sobre lo ocurrido el 3 de junio, lo que llevó a la creación de una comisión de investigación en septiembre.
LENTITUD EN LA INVESTIGACIÓN
Sin embargo, según HRW, la comisión ha sido criticada por la lentitud con la que está trabajando y la percibida falta de transparencia e independencia. Además, ha sido acusada de ser inaccesible para las víctimas de violencia sexual y carece de recursos para ofrecer protección de testigos y preservar las pruebas conforma a los estándares internacionales, ha subrayado la ONG.
Ahora, se espera que en las próximas semanas la comisión dé a conocer sus hallazgos al fiscal general. Por ello, HRW ha reclamado a las autoridades que garanticen que dichos resultados se harán públicos y que los fiscales tendrán los recursos para poder actuar en base a ellos, incluida la presentación de cargos contra los responsables al más alto nivel.
Numerosas fuentes han identificado a las Fuerzas de Apoy Rápido (RSF), un cuerpo paramilitar, de liderar los ataques del 3 de junio y los días sucesivos. Las RSF están lideradas por Mohamed Hamdan Daglo, más conocido como 'Hemedti', quien actualmente es el 'número dos' del Consejo Soberano. Sin embargo, este ha acusado a soldados díscolos del ataque y asegurado que el responsable del "caos' está detenido.
"Un año después, las víctimas de la sangrienta represión han escuchado muchas promesas pero aún no han visto ninguna forma de rendición de cuentas", ha lamentado la directora para África Oriental de HRW, Jehanne Henry. "El informe final de la comisión de investigación debería hacerse público y la oficina del fiscal general debería procesar a los responsables, incluso si son miembros del Consejo Soberano gobernante", ha reclamado.
La portavoz de la asociación de las familias de las víctimas, Saadia Saif al Deen, también ha lamentado que "después de un año, la justicia sigue aún pendiente". "No queremos que la sangre de nuestros mártires se pierda en vano. Queremos que la justicia para ellos sea el pilar de nuestro nuevo país, donde tales abusos no deberían ocurrir de nuevo", ha reivindicado, en declaraciones a HRW.
UNA TRANSICIÓN FRÁGIL
Así las cosas, la organización ha subrayado que la transición en Sudán sigue siendo frágil, con poco o ningún progreso a la hora de establecer las comisiones previstas para la reforma legal, la justicia transicional o los Derechos Humanos así como la designación de los gobernadores estatales y el consejo legislativo. La grave crisis económica sumada ahora a la pandemia de la COVID-19 amenazan con afectar los plazos fijados.
"La justicia sigue siendo la prueba de fuego para el éxito de la revolución en Sudán", ha subrayado Henry. "No cumplir con ello amenaza con traicionar los sacrificios y demandas de los manifestantes", ha advertido, sosteniendo que "el Gobierno de transición debería dar prioridad a la rendición de cuentas significativa y transparente a los más altos niveles".
