MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
La organización Amnistía Internacional (AI) ha enviado una carta al primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, en la que le pide que ordene "inmediatamente" una "investigación independiente" sobre los "métodos" que usaron las fuerzas de seguridad iraquíes cuando, entre el día 28 y el 29 del pasado julio, se hicieron con el control del campo de refugiados de Ashraf, que se encuentra en la provincia de Diyala (noreste de Irak) y alberga a refugiados iraníes.
Asimismo, la organización defensora de los Derechos Humanos pide en su carta que se publiquen "lo antes posible" las conclusiones de esa investigación sobre los "asesinatos y otros abusos cometidos por las fuerzas de seguridad iraquíes" durante esos dos días e insta a Al Maliki a asegurarse de que los efectivos de las fuerzas de seguridad y otros funcionarios que hayan hecho un "uso excesivo de la fuerza" y hayan "cometido violaciones graves de los Derechos Humanos" sean despedidos o destituidos y procesados.
AI también expresó su preocupación por los 36 residentes del campo de refugiados que permanecen detenidos desde que se produjeron los enfrentamientos, en los que murieron por disparos al menos nueve habitantes de Ashraf --en donde viven unos 3.400 exiliados iraníes-- después de la irrupción de las fuerzas de seguridad iraquíes, que "atropellaron a los que se quejaban y les dispararon, al parecer sin una justificación adecuada".
Esas 36 personas aseguran que las golpearon y maltrataron antes de trasladarlas a una comisaría de Policía de la localidad de Al Jalis, a unos 25 kilómetros del campo de refugiados, donde permanecen sin que se las haya acusado de ningún delito todavía y pese a que el 24 de agosto un juez ordenó su liberación, denunció Amnistía Internacional, que añadió que están en huelga de hambre para protestar por su arresto y el maltrato sufrido.
La organización explicó que después de que la Policía local se negase a liberar a los detenidos, un fiscal de Baquba (en Diyala) habría presentado un recurso --que aún no se ha resuelto-- contra la orden del juez para, supuestamente, justificar que sigan bajo custodia.
LIBERACIÓN INMEDIATA DE LOS DETENIDOS
En su misiva, AI pide al primer ministro que libere a estas personas "inmediata e incondicionalmente a menos que vayan a enfrentarse a unos cargos penales reconocibles y a ser juzgados de forma justa y rápida, de acuerdo con los estándares internacionales de los Derechos Humanos". Además, instó a Al Maliki a garantizar que los policías que se negaron a obedecer la orden judicial rindan cuentas por ello ante la Justicia.
Farhang Sadeghi, residente de Ashraf y miembro del grupo opositor iraní Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI, por sus siglas en inglés), precisó esta semana en declaraciones a Europa Press que los 36 detenidos iniciaron la huelga de hambre hace más de 40 días. Más de 100 habitantes del campo está en ayunas también desde finales de julio.
Algunos de ellos están en una "situación muy crítica" y "no les han dejado ducharse ni recibir atención médica", señaló Sadeghi, que dijo que uno incluso ha perdido la vista.
DEMANDAS
El miembro del PMOI aseveró que la huelga se mantendrá mientras no se satisfagan las demandas de quienes la han iniciado: la liberación de los 36 arrestados, la retirada de las fuerzas de seguridad iraquíes del campo de Ashraf y que el Ejército estadounidense proteja a sus habitantes hasta que una fuerza internacional promovida por la ONU se encargue de ello.
La retirada de las fuerzas iraquíes es importante para los exiliados iraníes de Ashraf porque con ellas allí no se sienten seguros. Una residente del campo llamada Massoumeh declaró a Europa Press que los efectivos iraquíes han amenazado a las mujeres con "atentar contra su dignidad", en alusión a violaciones o abusos sexuales.
Tanto Massoumeh como Sadeghi acusaron a Al Maliki de ser el responsable de que los 36 detenidos no estén ya en libertad porque, según denuncian, está influido por el Gobierno iraní. Asimismo, denunciaron que Teherán quiere que los trasladen a Irán contra su voluntad, algo a lo que Amnistía Internacional mostró su rechazo advirtiendo de que tanto esas 36 personas como otros residentes de Ashraf correrían el peligro de ser torturados o incluso ejecutados por las autoridades iraníes.
