ROMA, 25 Abr. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, G. Moreno) -
Los partidos de la oposición cargaron hoy contra la ley de inmigración que prepara el Gobierno de Romano Prodi con el objetivo de evitar la llegada de inmigrantes al país transalpino de modo clandestino. Por su parte, la Comisión Europea anunció que "examinará" la compatibilidad del proyecto con las normas de inmigración europeas, según señaló un portavoz del vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini.
El Ejecutivo Prodi pretende reformar la restrictiva ley que fue aprobada durante el mandato de Silvio Berlusconi, dando más facilidades a los inmigrantes, simplificando el proceso para conseguir el permiso de residencia en Italia, particularmente a los extranjeros que tengan conocimientos de italiano o titulación académica, entre otros requisitos.
El primero en arremeter contra el nuevo proyecto fue el presidente de Alianza Nacional, Gianfranco Fini, que fue quien, en su momento, impulsó la ley vigente junto al líder de la Liga Norte, Umberto Bossi.
Según Fini, el proyecto del Gobierno pretende "dejar entrar, no como clandestinos, a todos aquellos que deseen entrar en Italia". Esto "comportará miles de problemas", ya que muchos extranjeros "vendrán a Italia buscando trabajo, no lo encontrarán" y finalmente "se verán forzados a malvivir o a delinquir", aseguró.
Según el líder de Alianza Nacional, que es el segundo partido de la coalición de centro-derecha, el núcleo del problema "continúa siendo el tema de la integración". "Viene quien tiene un trabajo, no quien lo busca", sentenció.
Por su parte, el líder de la Unión de los Demócratas Cristianos y de Centro (UDC), Pier Ferdinando Cassini, también se sumó a estas críticas, al considerar que "el Gobierno no es una gran oficina de empleo", según declaró a la Rai.
La baza que esgrime el Gobierno para defender su proyecto es que "las leyes de inmigración muy severas favorecen la inmigración clandestina", tal y como expresó ayer el ministro del Interior, Giuliano Amato, que es quien ha elaborado el borrador junto con el ministro de Solidaridad Social, Paolo Ferrero.
Amato argumentó que la reforma "es necesaria" porque "con los mecanismos actuales se favorece una llegada desproporcionada de clandestinos, mientras que se penaliza a los regulares".
