TOKIO 31 Oct. (Reuters/EP) -
Las autoridades de Japón han puesto en marcha una serie de medidas antiinmigración cuyo objetivo es restringir los derechos de los solicitantes de asilo en el país, principalmente el acceso al trabajo, lo que dejaría a unas 10.000 personas al año sin posibilidad de acceder al mercado laboral nipón.
A partir de mediados de noviembre, el Gobierno japonés enviará a aquellos que no sean considerados refugiados desde un inicio a centros de detención a la espera de que sus visados expiren y puedan ser deportados.
Actualmente los solicitantes de asilo con visados vigentes reciben permisos renovables que les permite trabajaren el país mientas sus solicitudes están siendo tramitadas --un sistema que, según el Gobierno, impulsa ala gente a buscar asilo para trabajar--.
"Estamos mirando a las políticas. Todavía no hemos decidido si lo pondremos en marcha o no aún", ha aseverado Yasuhiro Hishida, un alto cargo del Ministerio de Justicia.
Japón sólo aceptó tres refugiados durante la primera mitad de 2017 a pesar de que registró 8.561 solicitudes. En 2016 admitió solo a 28, según datos oficiales.
Las objeciones del Gobierno nipón a la hora de aceptar trabajadores extranjeros y refugiados contrasta fuertemente con la postura adoptada por otros países industrializados. La inmigración continúa siendo un asunto controvertido en el país.
Al menos seis de cada diez japoneses consideran que la diversidad de religiones y etnias desfavorecen al país, según una encuesta realizada este mes por el Research Center.