Las personas que se dedican al trabajo sexual piden que "se despenalice por completo" en Irlanda
MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
Una ley de 2017 teóricamente concebida para proteger de la explotación sexual a las víctimas de trata y a quienes realizan trabajo sexual "está facilitando los ataques y abusos" contra trabajadores sexuales, según ha denunciado este martes la ONG Amnistía Internacional (AI), que ha lamentado que el Estado "no les proteja frente a la violencia".
En 2017, la parte 4 de la Ley sobre Delitos Sexuales pasó a tipificar como delito la compra de sexo y a incrementar considerablemente las penas por mantenimiento de burdeles --dos o más personas que ofrezcan servicios sexuales en el mismo lugar-- hasta una multa de 5.000 euros o una pena de hasta 12 meses de prisión.
En el informe 'Vivimos en un sistema violento: violencia estructural contra trabajadoras y trabajadores sexuales en Irlanda', AI ha puesto el foco en que la tipificación de aspectos del trabajo sexual "obliga" a las personas que lo realizan "a correr más riesgos mientras evitan a la Policía", lo que "pone sus vidas y su seguridad en peligro".
El director ejecutivo de AI en Irlanda, Colm O'Gorman, ha mencionado que entre estos "abusos y violencia" están incluidas "la violación y las agresiones físicas". "Esto es lo que nos dicen sobre el actual impacto de la ley de 2017", ha agregado, antes de remarcar que el Gobierno irlandés "tiene que empezar a escucharlas".
Además, según O'Gorman, la investigación de la ONG "muestra claramente" que la tipificación como delito de la compra de sexo, además de obligar a estas personas a correr más riesgo, implica que "la penalización del mantenimiento de burdeles" impide a los trabajadores sexuales trabajar juntos "para garantizar su seguridad".
La mayoría de las personas dedicadas al trabajo sexual entrevistadas para el análisis han señalado que compartir locales con otras personas dedicadas a la misma labor "ayuda a aumentar su seguridad y limita el riesgo potencial de violencia".
Una trabajadora sexual ha indicado a AI que "estando solas, una mujer con un hombre, no tenemos ninguna oportunidad". "Necesitamos otra mujer que pueda oír lo que está sucediendo (...) pero estar solas es muy peligroso", ha insistido.
LA POLICÍA, "MÁS UNA AMENAZA QUE UN ESCUDO"
Asimismo, la mayor parte de los entrevistados por AI, que han informado de haber sufrido violencia al realizar este trabajo, han señalado que buscan que el trabajo sexual "se despenalice por completo" en Irlanda, mientras que también han apuntado a que "la desconfianza en la Policía y el estigma social reforzado por la ley" son "motivos clave de preocupación" para ellos.
Según AI, estas personas "tienen miedo de la Policía". Entre las razones aducidas para preferir no acudir a la Garda --la Policía irlandesa-- al sufrir actos de violencia se encontraban, además de la desconfianza, la "convicción" de que no se iba a emprender ninguna acción.
También han expresado "miedo" a sufrir "acoso o violencia" por parte de los agentes, así como su "miedo" a que su casero fuera objeto de acciones policiales o fuera informado de la situación, lo que podría dar lugar a que las desalojaran y se quedaran sin hogar.
"Pienso en los policías como una amenaza, más que como un escudo", ha relatado una trabajadora sexual a AI. Otra opina que "(el trabajo sexual) tiene que despenalizarse al cien por ciento". "Si no, tengo miedo de informar a la Policía o a otras personas. En todos los demás trabajos, si hay clientes malos, si te pasa algo, puedes llamar a la policía (...) Se trata sobre todo de crearnos un entorno más seguro".
Para las personas migrantes dedicadas al trabajo sexual, el "miedo" a contactar con la Policía se deriva de los riesgos a los que se enfrentan a causa de su condición migratoria o la amenaza a sus planes de solicitar la ciudadanía irlandesa. Una persona migrante dedicada al trabajo sexual ha explicado a la ONG que "sólo llamaría a la Policía" si estuviera "muriendo en el suelo" "Personalmente, prefiero arriesgarme con un cliente que con un policía", ha agregado.
El informe ha destacado así que para muchas de las personas entrevistadas, tipificar el pago por un trabajo sexual se suma a los niveles, ya altos, de estigma social y discriminación que sufren por otros motivos, como por ejemplo la raza, el origen étnico, el género, la identidad de género, la discapacidad, el consumo de drogas, el sinhogarismo o la condición de migrantes.
SIN CONSULTAR A LOS TRABAJADORES SEXUALES
Por último, el informe también ha mostrado la ausencia de datos sobre las experiencias de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y el hecho de que el Gobierno se basa en investigaciones "obsoletas y deficientes" que vinculan la trata de personas para fines de explotación sexual con el trabajo sexual.
También ha subrayado que el Estado no consultó de forma suficiente a las trabajadoras y los trabajadores sexuales al redactar la ley de 2017. El Gobierno irlandés está llevando a cabo actualmente una revisión de la Ley sobre Delitos Sexuales de 2017 y, esta vez, las personas dedicadas al trabajo sexual quieren que se escuche su voz.
"La revisión de la ley brinda una oportunidad fundamental de garantizar que realmente protege a las personas que se dedican al trabajo sexual", ha manifestado O'Gorman. "Pero, para que esto suceda, estas personas deben ser consultadas de forma significativa para que sus experiencias puedan servir de base a las leyes y políticas que pretenden protegerlas", ha zanjado.
Una encuesta llevada a cabo por Amnistía Internacional en diciembre de 2021 reveló que el 70 por ciento de la población de Irlanda considera que debe consultarse a las personas dedicadas al trabajo sexual sobre cualquier ley que las afecte directamente, mientras que el 73 por ciento consideraba que estas personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida.
