Malí.- La ONU denuncia un "grave" incremento de represalias por parte del Ejército contra grupos étnicos minoritarios

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha alertado este martes del "grave" incremento de represalias ejecutadas por parte del Ejército de Malí contra miembros de varios grupos étnicos minoritarios percibidos como seguidores de los grupos islamistas armados que se hicieron con el control del norte del país hace unos meses en el marco de la operación militar en el Azawad, lanzada con el respaldo de Francia y los países de la región.

La subcomisaria para Derechos Humanos Kyung Wha Kang, ha indicado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que miembros de los grupos peuhl, tuareg y árabe están siendo el objetivo de estas represalias.

"La situación se ha exacerbado con la propagación de mensajes incendiarios, también a través de los medios de comunicación, estigmatizando a los miembros de estas comunidades, miles de los cuales han huido por temor a las represalias por parte del Ejército", ha dicho.

"Los que permanecen en el país tienen miedo de ser objeto de ataques no por lo que han hecho, sino por lo que son", ha agregado Kang durante la presentación del informe sobre la situación de Derechos Humanos en el país africano.

El documento está basado en las investigaciones de dos misiones desplegadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) a finales de 2012 y cubre el periodo entre el 17 de enero y el 20 de noviembre de dicho año.

El mismo subraya las violaciones de Derechos Humanos cometidas por los grupos armados islamistas que se hicieron con el control de las tres regiones del Azawad --Kidal, Gao y Tombuctú--, pero también presenta algunos problemas registrados en el sur del país.

El informe recoge así mismo que las represalias y los conflictos interétnicos se han materializado desde enero, cuando se produjo la intervención francesa en la zona. En este sentido, apunta que, pese a que las violaciones por parte de grupos extremistas casi han llegado a su fin, hay múltiples denuncias de graves violaciones de Derechos Humanos en los territorios recuperados.

En este sentido, Kang ha reconocido los compromisos públicos por parte del Gobierno maliense para cumplir con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, si bien ha aclarado que "no se han trasladado de forma suficiente a acciones concretas para evitar la apertura de investigaciones independientes para identificar y perseguir a los responsables y dar remedios efectivos a las víctimas".

"Pedimos a las autoridades malienses que protejan a las comunidades en riesgo y que aseguren que sus tropas actúan en concordancia con el Derecho Humanitario. La población civil ha de ser protegida y los rebeldes sospechosos que han sido detenidos han de ser tratados de forma humanitaria. Asimismo, se deben respetar sus derechos durante el proceso", ha agregado.

Por último, ha recalcado que "las acusaciones sobre la participación de miembros del Ejército de Malí en represalias contra la población civil han de ser investigados y los responsables han de ser llevados ante la justicia".

DEMANDA DEL MNLA

En febrero, el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA) anunció que demandará ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) a los responsables del Gobierno y del Ejército de Malí por "crímenes de guerra" y "crímenes contra la Humanidad" en la región. En este sentido, el grupo tuareg laico resaltó que entre los demandados estaría el presidente de transición de Malí, Dioncounda Traoré.

Traoré fue designado el año pasado como presidente interino en sustitución de la junta militar que se hizo con el poder tras un golpe de Estado en marzo. Pese a esta cesión del mando, los líderes golpistas han seguido interviniendo en cuestiones gubernamentales.

En este sentido, el MNLA señaló que "varios centenares de civiles han sido ejecutados, cifra de la que únicamente una ínfima parte ha sido publicada por Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI)". "Los saqueos, pillajes, violaciones y asesinatos se producen impunemente tras el despliegue militar francés el 11 de enero en el marco de la operación 'Serval'", añadió.

La reentrada del Ejército de Malí en el Azawad plantea un problema para el MNLA, cuyo principal rival son precisamente las Fuerzas Armadas del país africano, ante la posibilidad de que, aupado por las tropas francesas, Bamako deje morir sus reivindicaciones territoriales y se vuelva al 'status quo' existente en enero de 2012, justo antes de que lanzara su ofensiva para hacerse con el control de la región, algo que consiguió en marzo, tras lo que declaró la independencia del territorio.

DENUNCIAS CONTRA EL EJÉRCITO

Fuentes internacionales de Derechos Humanos y los propios habitantes de las zonas en conflicto han acusado en las últimas semanas al Ejército de Malí de ejecuciones extrajudiciales y otros abusos contra los Derechos Humanos en el contexto de la actual ofensiva contra las milicias islamistas del norte del país, y el propio ministro maliense de Justicia, Malick Coulibaly, admitió que "ningún Ejército del mundo es perfecto" y que es posible que los soldados hayan cometido crímenes de guerra.

Varios vecinos de Mopti aseguraron al semanario británico 'The Observer' --que hace las funciones de edición dominical para el diario londinense 'The Guardian'-- que los soldados han procedido a detenciones, interrogatorios y torturas contra personas inocentes a las que acusan de estar relacionadas con los rebeldes.

Entre las víctimas de estos abusos, según los testigos, se encuentran los miembros de la etnia fulani. "El Ejército sospecha de nosotros, y si tenemos aspecto de fulani y no tenemos carné de identidad, nos matan", aseguró un vecino.

Fuentes de AI recalcaron que hay evidencias de abusos por parte del Ejército de Malí, como ejecuciones extrajudiciales, incluso antes de que comenzara la actual ofensiva francesa y maliense en el norte.

Al respecto, algunos testigos explicaron que la ocupación islamista de la ciudad de Diabaly --que ya ha sido recuperada por las fuerzas malienses y francesas-- pudo haber sido un acto de venganza por la muerte de 16 predicadores musulmanes malienses y mauritanos supuestamente ejecutados por el Ejército el pasado mes de septiembre en esta localidad.

AI también advirtió de las posibles represalias a que se enfrenta la comunidad tuareg. Al respecto, dijo que hay evidencias de ejecuciones extrajudiciales contra tuaregs y de bombardeos indiscriminados contra los campamentos de esta comunidad, así como de matanzas contra sus ganados, de los que dependen para sobrevivir.