HONG KONG, 28 Abr. (Reuters/EP) -
Miles de personas han marchado este domingo por las calles de Hong Kong, en dirección al Parlamento, para exigir la anulación de la propuesta de ley que permitiría enviar a los acusados a China, en lo que supondría un recorte de las libertades fundamentales de la ciudad de acuerdo con los términos del traspaso británico a la soberanía de Pekín en 1997.
Leung Kwok Hung, veterano activista de Hong Kong y ex diputado, ha avisado de que esta medida impediría a los ciudadanos ser "libres del miedo" que supone un juicio en China, donde consideran que los derechos de los acusados distan de estar garantizados.
"La gente y los visitantes que pasan por Hong Kong perderán su derecho a no ser extraditados a China continental", ha manifestado Leung. "Tendrían que enfrentarse a un sistema legal injusto en el continente", ha añadido.
Algunos manifestantes más jóvenes han expresado su preocupación sobre China en un momento en que su Gobierno local les alienta a desarrollar los lazos con el continente.
Algunos lucían paraguas amarillos, el símbolo del movimiento de desobediencia civil que paralizó partes de Hong Kong durante 11 semanas en 2014. El movimiento 'Occupy Central' germinó en septiembre de ese año y ganó notoriedad al convertirse en uno de los principales desafíos al Partido Comunista de China desde las protestas de la plaza de Tiananmen en 1989.
Los cambios propuestos han despertado un coro de preocupación inusualmente amplio entre las élites empresariales internacionales a los abogados y grupos de derechos humanos e incluso a algunas figuras próximas a Pekín.
Chris Patten, el último gobernador británico de Hong Kong que devolvió la ciudad al Gobierno chino en 1997, describió la medida "como un asalto a los valores, la estabilidad y la seguridad de Hong Kong".
Bajo esta ordenanza, Hong Kong tendría el derecho de ordenar la extradición de los delincuentes buscados a China, Macao y Taiwán, así como a otros países no cubiertos por los tratados de extradición existentes en Hong Kong. Como salvaguarda, tales órdenes, que se emitirán caso por caso, podrían ser impugnadas y apeladas a través del sistema legal de la ciudad.
Además, el Gobierno de Hong Kong ha asegurado que nadie en peligro de recibir una condena de muerte en China será trasladado al continente, ni quien esté acusado de un delito político. Es más, tras las presiones ejercidas por los empresarios locales, se ha eximido de la extradición a quien esté acusado de nueve delitos comerciales tipificados.
El problema es que las propuestas podrían convertirse en ley más adelante en el año, y el bloque prodemocrático de la ciudad no tiene los escaños suficientes como para bloquear la decisión.
