BUDAPEST, 12 Abr. (Reuters/EP) -
Miles de personas se han sumado a una manifestación convocada este miércoles en el centro de Budapest para protestar contra las leyes con las que el Gobierno de Viktor Orban quiere introducir nuevas regulaciones sobre universidades y ONG, al considerar que se están coartando libertades básicas.
La plaza de los Héroes ha sido el principal escenario de esta nueva movilización, la cuarta en las últimas dos semanas. Ciudadanos como Robert Ferenczi, de 55 años, han acusado a Orban de "perjudicar la democracia" de forma prácticamente diaria y sin tener en cuenta las opiniones de los demás.
"Últimamente parece que han acelerado estos esfuerzos. No sé hasta dónde pueden llegar", ha lamentado Ferenczi, en declaraciones a la agencia de noticias Reuters.
Entre las últimas medidas del Gobierno figuran una ley que obliga a las ONG que reciban del exterior al menos 7,2 millones de forintos (unos 23.000 euros) a registrarse ante las autoridades y una norma sobre educación superior que endurece los requisitos y deja en el aire la supervivencia de la Universidad Centroeuropea (CEU) del magnate estadounidense George Soros.
En relación a esta segunda ley, el ministro de Educación, Laszlo Palkovics, ha deslizado este miércoles la posibilidad de que la CEU siga operando en Hungría. "No queremos que se cierre", ha subrayado en una entrevista al portal de noticias 'HVG.hu'.
El portavoz del Ejecutivo, Zoltan Kovacs, ha negado que la ley vaya a ser derogada tras las críticas internacionales, pero ha abogado por "mantener conversaciones con todos". En este sentido, confía en poder "resolver el problema", si bien también ha marcado como requisito que la universidad de Soros demuestre "buenas intenciones".
La norma recién promulgada obliga a la CEU a abrir oficinas en Hungría y reclama un acuerdo específico con las autoridades de Estados Unidos, algo complicado en vista del reparto territorial de competencias en el país norteamericano. La institución ya ha reconocido que no cumplirá las condiciones antes del plazo límite, fijado para enero de 2018.
