Actualizado: martes, 29 diciembre 2015 21:12

BERLÍN, 29 Dic. (Reuters/EP) -

El ministro de Trabajo alemán, Andrea Nahles, ha defendido que Alemania debería limitar los beneficios sociales que actualmente tienen derecho a percibir los ciudadanos de otros países de la Unión Europea asentados en Alemania.

"Es necesario que emprendamos la acción legislativa. Debemos evitar que los municipios tengan que mantener a los extranjeros sin recursos de la UE de forma incontrolada", ha explicado el ministro en el rotativo regional 'Rheinische Post'.

Nahles ha recordado que los estados alemanes también tienen que lidiar con la crisis de los refugiados. Según informaciones publicadas este martes por el diario 'Die Welt', los estados federales germanos están planeando un presupuesto de gasto cercano a los 17.000 millones de euros para afrontar la gestión de la crisis migratoria en 2016.

El Tribunal Federal de lo Social alemán aprobó a principios de diciembre una serie de prestaciones sociales para los extranjeros comunitarios que llevaran residiendo en el país durante al menos seis meses. Los pueblos, municipios y distritos alemanes deben afrontar estos costes: un ciudadano alemán receptor de estas ayudas y que viva solo tiene derecho a percibir cerca de 400 euros al mes.

Sin embargo, antes de emprender cualquier acción legislativa para limitar los beneficios percibidos por los extranjeros comunitarios, Nahles ha recalcado que es necesario esperar a que el tribunal federal alemán publique una explicación del fallo. En septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló que no se pueden limitar los derechos de los ciudadanos comunitarios que hayan trabajado en el país anfitrión durante al menos un año.

Berlín ha anunciado recientemente que respaldará a Reino Unido en su propósito de reformar algunas de las normas y procedimientos de la Unión Europea. En este sentido, el primer ministro británico, David Cameron, pretende acometer reformas en el plano social para que los trabajadores extranjeros en el país no tengan derecho a percibir ninguna prestación hasta que no pasen cuatro años.

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