Actualizado 05/02/2007 14:20 CET

Nigeria.- El Gobierno podría excarcelar al líder cuya liberación reclaman los rebeldes de Delta del Níger

ABUJA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nigeria podrían poner en libertad bajo fianza a Alhaj Dokubo Asari, el líder de los milicianos rebeldes activos en el Delta del Níger y cuya excarcelación exigen estos combatientes a cambio de la liberación de los empleados extranjeros de las compañías petroleras que operan en el sur de Nigeria que mantienen secuestrados, según informaron hoy los medios de comunicación nacionales. La noticia llega justo cuando comienza el proceso contra Asari en el Tribunal Supremo Federal de Abuja.

Según el diario 'This Day', uno de los más difundidos en Nigeria, las presiones ejercidas contra el Gobierno, tanto internas como de representantes de la comunidad internacional, podrían obligar a las autoridades a conceder la libertad bajo fianza a Dokubo Asari. Desde hace casi dos meses, los rebeldes retienen a dos técnicos italianos y uno libanés de la compañía Agip y a 24 trabajadores filipinos.

"Si las cosas van como se espera, Asari podría regresar al Delta del Níger antes de finales de esta semana, y se espera que sea capaz de poner freno al creciente vandalismo contra las empresas petroleras y al secuestro de extranjeros", se lee en el diario en relación con un posible acuerdo entre los abogados del líder rebelde y el Gobierno federal.

El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND) ha reclamado la excarcelación de Asari y de Diepreye Alamieyeseigha --ex gobernador de Bayelsa, uno de los principales Estados de la región del Delta, que fue destituido y detenido por corrupción el año pasado-- como condición para la liberación de los extranjeros secuestrados.

Aparte, el MEND ha exigido que se compense a las comunidades locales por los graves daños causados por las actividades extractivas petroleras y ha reclamado que se vuelva a la Constitución de 1960, en la que se establecía que el control de los recursos naturales correspondía a cada Estado, que pagaba un porcentaje de los beneficios al Gobierno central.