MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El nuevo primer ministro interino de Libia, Abdulá al Zini, quien accedió al cargo el martes tras la moción de censura contra su predecesor, Alí Zeidan, ha asegurado este miércoles que no hay ningún problema derivado de la salida de éste del país y ha recalcado que tiene derecho a viajar al extranjero, a pesar de que la Fiscalía General había dicho lo contrario argumentando que tiene pendiente una investigación por presunta corrupción.
Al Zini ha indicado que, bajo su punto de vista, Zeidan no ha huido, al tiempo que ha sostenido que la Declaración Constitucional de Transición (DCT) le garantiza el derecho a viajar fuera del país, según ha informado el diario 'The Libya Herald'.
En este sentido, ha detallado que, en caso de que exista una orden de arresto contra el exprimer ministro, éste siempre puede regresar a Libia. A primera hora del día, el primer ministro maltés, Joseph Muscat, aseguró que Zeidan había hecho una parada en la isla para repostar el avión en el que viajaba antes de dirigirse a "otro país europeo".
En declaraciones la cadena de televisión pública maltesa, TVM, Muscat agregó que conversó por teléfono con Zeidan durante alrededor de una hora y media durante su breve estancia en el país.
Horas antes, el fiscal general de Libia, Abdel Qader Radwan, había publicado una prohibición de viaje contra Zeidan y la había enviado a la Agencia de Pasaportes para evitar su salida del país hasta que finalizaran las investigaciones en su contra por supuesta corrupción.
La denuncia contra Zeidan fue presentada por el destacado líder miliciano Ibrahim Jadhran, que encabeza a los federalistas que bloquean varios puertos del país. En la misma, Jadhran aseguró que el director del comité de Energía del Parlamento, Naji Mujtar, y el Gobierno le habían intentado sobornar para poner fin a los bloqueos.
Pese a que Zeidan negó cualquier participación, Mujtar reconoció haber entregado varios cheques a Salem Jadhran, uno de los hermanos de Ibrahim. Sin embargo, dijo que no podía considerarse soborno, ya que las cuentas no tenían los fondos suficientes como para que se pudieran realizar los pagos, si bien uno de los cheques, por valor de 2,5 millones de dinares libios (cerca de 1,8 millones de euros), fue hecho efectivo.
El Congreso General Nacional --Parlamento-- libio forzó el martes la destitución de Zeidan al negarle su confianza en una votación. La votación fue convocada después de que los federalistas que controlan zonas del este de Libia confirmasen la huída de un buque norcoreano interceptado el lunes. El barco, que cargó petróleo en el puerto de Es Sider, llegó a navegar en aguas internacionales antes de ser bloqueado de nuevo, si bien escapó nuevamente poco después.
Zeidan había superado la semana pasada una moción de censura. Además, el propio Parlamento se ha visto sacudido en las últimas semanas por una grave crisis después de que decidiera extender su mandato más allá del 7 de febrero, fecha oficial en la que llegaba a su fin, para facilitar la creación de la comisión que debe redactar la nueva Constitución.
SITUACIÓN DE SEGURIDAD
Por otra parte, Al Zini ha destacado que la seguridad será su prioridad durante su mandato, que se extenderá durante las próximas dos semanas. En este sentido, ha destacado que hará especial hincapié en la situación en las localidades de Benghazi y Derna, en las que se están registrando asesinatos casi a diario.
El primer ministro, hasta ahora ministro de Defensa, no ha querido acusar a Zeidan por la mala situación de seguridad del país, que ha achacado a la situación generada tras la revolución y a la existencia de un estado débil, así como a la gran cantidad de armas existentes fuera del control de las fuerzas de seguridad.
El Gobierno central está fracasando en sus intentos de intentar desarmar y controlar a las milicias rebeldes que participaron en la guerra civil que se saldó con el derrocamiento y ejecución extrajudicial en octubre de 2011 del entonces líder libio Muamar Gadafi.
En sus declaraciones, ha recalcado que considera que su Gobierno será "puramente interino" y ha recalcado que "el cambio democrático del Gobierno de forma pacífica es un proceso natural en el nuevo orden democrático libio".
Asimismo, ha pedido que se pongan los intereses de la nación por encima de todo lo demás y ha confirmado que su Ejecutivo considera que las decisiones del Parlamento son constitucionales y ha prometido cumplirlas.
A las tensiones a nivel de seguridad se han unido en las últimas semanas una serie de manifestaciones y dimisiones en el seno del Congreso General Nacional (CGN) por su decisión de extender su mandato más allá del 7 de febrero, fecha límite del mismo, para facilitar la creación de la comisión que debe redactar la nueva Constitución.
No existe un acuerdo general sobre la interpretación que se ha de hacer sobre el marco temporal de autoridad del organismo estipulado por la Declaración Constitucional de Transición (DCT).
La postura que defiende la extensión argumenta que no debe existir una fecha límite para las actividades del CGN y que éste debe seguir vigente hasta que finalice sus tareas con el objetivo de evitar un vacío de poder.
Sin embargo, sus opositores defienden que el organismo es interino y que no tiene los poderes de un Parlamento electo, por lo que, en caso de tener que extender su mandato, ha de buscar el apoyo popular a la decisión a través de un referéndum.
