Publicado 01/03/2021 12:28CET

Las ONG denuncian que los últimos nombramientos judiciales en Nepal son "ilegítimos" y ponen en riesgo los DDHH

Manifestación contra el Gobierno de Nepal
Manifestación contra el Gobierno de Nepal - Dipen Shrestha/ZUMA Wire/dpa

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varias ONG han pedido al Gobierno de Nepal que retire "de inmediato" los últimos nombramientos "ilegítimos" del poder judicial y otros organismos independientes, pues se hicieron sin consulta parlamentaria, poniendo así en riesgo la defensa de los Derechos Humanos y del Estado de derecho.

La petición ha sido emitida por las ONG Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Internacional de Juristas, quienes han señalado que estas nuevas acciones del Gobierno nepalí "socavan la confianza pública y la confianza en la integridad del poder judicial y otros órganos constitucionales".

"Las acciones del Gobierno son un duro golpe en la larga lucha de Nepal por una Constitución basada en el Estado de Derecho, adoptada finalmente en 2015 para garantizar los Derechos Humanos", ha señalado el director para Asia Meridional de HRW, Meenakshi Ganguly.

El 15 de diciembre de 2020, relata HRW, la presidenta de Nepal, Bidya Bhandari, aprobó un decreto para modificar la ley que rige el Consejo Constitucional, órgano encargado de nombrar a los miembros del Poder Judicial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), o la Comisión Electoral.

De acuerdo con la legislación, el Consejo Constitucional debe estar formado por al menos cinco de los seis miembros para tomar cualquier decisión al respecto. Sin embargo, y puesto que uno de sus puestos sigue vigente, el quórum se redujo a tres.

Estos tres miembros del consejo presentaron cerca de 40 nominaciones para ocupar los distintos órganos constitucionales, incluyendo cinco puestos para la CNDH, así como en otras instituciones encargadas de defender y velar por los derechos de las mujeres, las minorías, los dalit --la casta más baja de India--, o las oficinas para combatir la corrupción.

Sin embargo, ninguna de ellas ha podido contar con la aprobación del Parlamento, tal y como marca la Constitución, pues fue disuelto el 20 de diciembre de 2020, cinco días después de que se presentara a los nominados, quienes prestaron juramento el 3 de febrero de este año, aunque días más tarde, el Tribunal Supremo dictaminó que la disolución del Parlamento había sido inconstitucional.

"En un contexto en el que los repetidos llamamientos a reformas institucionales han sido desatendidos durante décadas, esta medida del Gobierno debilita aún más la efectividad de los órganos constitucionales", ha lamentado una de las asesoras jurídicas de la CIJ, Mandira Sharma.

"Las dudas sobre la independencia e integridad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras comisiones pondrán en peligro la protección de los Derechos Humanos en Nepal", ha enfatizado la directora adjunta para Asia Meridional de AI, Dinushika Dissanayake.

Varias organizaciones de la sociedad civil nepalí, como el Comité de Vigilancia de la Responsabilidad, han anunciado que "no cooperarían ni se involucrarían con la NCDH", ni con el resto de órganos constitucionales hasta que el Supremo tomara una decisión".

De igual forma, también se ha solicitado a Naciones Unidas y a las delegaciones diplomáticas presentes en el país y al resto de organizaciones internacionales que "no legitimen ni presten cooperación con este proceso de designación".

Las ONG temen que con este movimiento del Gobierno, la Comisión de Derechos Humanos de Nepal, que cuenta actualmente con el reconocimiento internacional por su labor exigiendo la rendición de cuentas y dando a conocer los nombres de presuntos responsables de violaciones de los DDHH, pueda verse perjudicada y pierda el prestigio hasta ahora alcanzado.

La CDHN, explican, cuenta con la calificación 'A' de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) por su cumplimiento de los Principios de París, adoptados por la Asamblea General de la ONU como los estándares que rigen el funcionamiento de organizaciones nacionales de DDHH.

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