TEPIC (MÉXICO), 21 Jun. (Thomson Reuters Foundation/EP) -
Un promedio de 400 personas son asesinadas en América Latina al día, cuatro homicidios cada cuarto de hora, según el informe de 'Instinto de Vida', una alianza de ONG latinoamericanas que propone reducir las muertes a la mitad con medidas como una mejora en la detección de los focos de crimen organizado y la lucha contra la impunidad.
Venezuela, México, Brasil, Honduras, Colombia, El Salvador y Guatemala son los países con mayor índice de homicidios, que registran cerca de un tercio de todos los crímenes mundiales, según el informe de 'Instinto de vida'. Algunas de sus ciudades tienen los mismos índices de violencia que las zonas de guerra, detalla el estudio, que ha sido avalado por más de 30 organizaciones entre las que se encuentran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Estados Americanos (OEA) o ACNUR Colombia.
Según el Observatorio de Homicidios, las cifras de asesinatos podrían aumentar durante la próxima década. 'Instinto de vida' ha lanzado este miércoles una campaña con la que pretenden salvar 365.000 vidas en los próximos diez años con mejoras de las políticas públicas y a través de la movilización y concienciación ciudadana.
De las 50 ciudades más peligrosas del planeta, 43 se encuentran en Latinoamérica. En las urbes más pobladas donde los índices de desigualdad son mayores el desempleo joven y la debilidad de los sistemas legales alimentan el crimen, según el informe, que muestra que la tasa de asesinatos en 120 ciudades latinoamericanas superaba el 25 por ciento de los habitantes.
"Los gobiernos gastan cantidades desproporcionadas en Policía, Fiscalía, y sistemas penales y no tienen en cuenta medidas urgentes para el desarrollo de la sociedad", ha declarado Robert Muggah, director del centro de investigación de Igarapé, una de las instituciones que firma el informe.
Con 144.000 homicidios anuales, el gasto en seguridad es casi tan alto como en infraestructuras. La violencia y el crimen cuestan a los gobiernos alrededor del 3,6 por ciento del PIB de la zona, según datos del BID.
El Instituto de Igarapé incide en que la abolición de la impunidad es una de las principales medidas a tomar. "El costo de oportunidad de cometer crímenes es muy bajo", ha dicho el director del centro. En México, alrededor del 80 por ciento de los homicidios no son procesados, en Honduras y Brasil aumentan al 92, según recoge el informe.
Las personas en mayor peligro son las que pertenecen a las clases sociales más bajas y no blancas, y alrededor de 12 mujeres son asesinadas cada día. Además, las tasas más altas se recogen en Honduras, El Salvador y República Dominicana, según cifras de Naciones Unidas.
MEDIDAS PROPUESTAS
La alianza 'Instinto de vida' insta a los gobiernos a tomar medidas claras y coordinadas. Propone el uso de datos cruzados para identificar personas y lugares que puedan ser focos del crimen organizado, y tratamiento psicológico para potenciales criminales y de rehabilitación para los que salen de prisión.
Colectivos especialmente vulnerables como menores y mujeres deberían contar con una protección especial, como asistencia sanitaria y controles de armas de sus tutores o parejas, propone el informe.
Muggah ha dicho que estas medidas son las que pueden garantizar resultados duraderos, pese a no ser "populares políticamente porque no cambian la situación rápidamente".
Otras medidas para la reducción de la delincuencia urbana incluyen mejoras en transportes e infraestructuras, como los hospitales de las zonas más pobres. También la instalación de cámaras y alumbrado público y mejoras en el trazado de las calles que eliminen los callejones sin salida.
Pese a la denuncia y el rechazo de 'Instinto de vida' a medidas violentas usadas por los gobiernos como la tortura, que no hacen "sino empeorar la situación", Muggah no descarta que para reducir el crimen en ciudades con tasas muy altas, sí que haya que usar medidas de "contrainsurgencia".
La reducción en las tasas de criminalidad ha venido normalmente por treguas entre las bandas criminales, cambios en las zonas dominadas por cada grupo o acuerdos con los gobiernos. Ejemplos de ello son las ciudades de Medellín en Colombia, Ciudad Juarez en México y Sao Paulo en Brasil.
"A los gobiernos no les interesa llevar a cabo estas medidas tan impopulares", ha dicho Muggah. "La mayoría de las personas de Latinoamérica quieren ver a los criminales arrestados o algo mucho peor", ha sentenciado.
