MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha reclamado nuevamente este lunes al Gobierno de Birmania que aplique "medidas concretas" para poner fin a las violaciones de los Derechos Humanos de las minorías del país, especialmente de la comunidad musulmana rohingya.
Al Hussein ha indicado que entre estas violaciones figuran la negativa de las autoridades a entregarles la nacionalidad, las amenazas a su vida y su seguridad, la negativa a su acceso a la educación y la salud, y los casos de trabajos forzosos y violencia sexual contra sus miembros.
En su informe, solicitado por el Consejo de Derechos Humanos en 2015, el alto comisionado ha indicado que en el estado de Rajine, donde reside la mayoría de los rohingya, se registran detenciones arbitrarias y juicios injustos contra los acusados.
Así, ha recordado que el nuevo Gobierno ha heredado "leyes diseñadas para negar los derechos fundamentales a las minorías de Birmania", afirmando que, "aunque revertir esa situación será un proceso difícil, debe ser una prioridad para el nuevo Ejecutivo".
Por ello, ha dicho "estar esperanzado" por el "diálogo constructivo" con el Gobierno en las últimas semanas, solicitando a las autoridades que apliquen las recomendaciones incluidas en su informe.
La premio Nobel de la Paz y consejera de Estado de Birmania, Aung San Suu Kyu, reclamó en mayo "tiempo y espacio" para hacer frente a la situación de los rohingya. "Lo que estamos diciendo es que hay asuntos más importantes a los que hacer frente a nivel de nomenclatura", recalcó.
Suu Kyi ha abordado muy cautamente el asunto de los rohingya, lo que ha levantado las críticas de varios grupos extranjeros por la defensa de los Derechos Humanos, a pesar de su estatus como icono de esa lucha.
Los rohingya han sido continuamente difamados en Birmania, donde son vistos como inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh, incluso por varios miembros del partido de Suu Kyi.
Birmania siempre ha negado la discriminación contra los más de un millón de personas pertenecientes a la etnia, la mayoría de los cuales vive en condiciones similares a un régimen de apartheid.
