La ONU urge a una respuesta internacional para evitar que la crisis de Birmania se convierta en "catástrofe"

Archivo - Un manifestante corre mientras la policía lanza botes de gas lacrimógeno durante los enfrentamientos en medio de las protestas contra el golpe militar y la detención de líderes civiles.
Archivo - Un manifestante corre mientras la policía lanza botes de gas lacrimógeno durante los enfrentamientos en medio de las protestas contra el golpe militar y la detención de líderes civiles. - Aung Kyaw Htet/SOPA Images via Z / DPA - Archivo
Publicado: viernes, 1 octubre 2021 3:14

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha urgido a una respuesta internacional para evitar que la crisis de Birmania se convierta en "catástrofe" y ha expresado su temor por el control de la junta militar golpista, que cada vez podría ser más complicado contrarrestar.

En un informe enviado a la Asamblea General de la ONU, Guterres ha incidido en que el "riesgo de un conflicto armado a gran escala", como el de Birmania, requiere un "enfoque colectivo para prevenir una catástrofe multidimensional en el corazón del Sudeste Asiático y más allá".

En este sentido, ha precisado que el país enfrenta "graves consecuencias humanitarias", como "el rápido deterioro de la seguridad alimentaria, el aumento de los desplazamientos masivos y el debilitamiento del sistema de salud pública, agravado por una nueva oleada de infecciones por la COVID-19", por lo que se "exige" "un enfoque coordinado en complementariedad con los actores regionales".

De este modo, ha subrayado que para devolver a Birmania a la "senda de la reforma democrática" y el "orden constitucional", es "urgente" organizar una respuesta internacional y regional "unificada".

Guterres ha insistido en la necesidad de mantener los resultados de los comicios de 2020, que la junta militar ha rechazado, y ha sugerido a los países vecinos que aprovechen su influencia para hacer que los militares "respeten la voluntad del pueblo" y "actúen en beneficio de la paz y estabilidad del país y la región".

En este sentido, ha hecho hincapié en que se debe apoyar "las aspiraciones democráticas del pueblo birmano" ante la "reducción" del margen para evitar que la junta militar se afiance en el poder.

Respecto a la crisis humanitaria, ha demandado "acceso y asistencia inmediatos", especialmente para las comunidades vulnerables, entre ellas los más de 600.000 rohingyas que se encuentran en el estado de Rajine y los 700.000 que han huido de la represión militar y están en campamentos en Bangladesh.

Por otro lado, el secretario general de la ONU ha mostrado su satisfacción por el nombramiento en agosto de Erywan Yusof como enviado especial a Birmania por parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a la que ha instado a aplicar de forma "oportuna y completa" el plan de la ONU para facilitar una "solución pacífica" en el país.

Además, ha pedido al bloque regional que su enviado trabaje con el de la ONU con el objetivo de aliviar la situación en el territorio.

El informe de Guterres, que abarca el periodo comprendido entre mediados de agosto de 2020 y mediados de agosto de 2021, fue aprobado por 119 países, con la abstención de 36, entre ellos China, y el voto en contra de uno, Bielorrusia.

La junta militar tomó el poder del país asiático el 1 de febrero de este año, poco antes de que tomara posesión el nuevo Parlamento, surgido de las elecciones de noviembre, en las que Aung San Suu Kyi se hizo con una amplia victoria, en medio de las denuncias de fraude de un partido vinculado a las Fuerzas Armadas.

La junta electoral militar declaró a finales de febrero --tras la culminación del golpe de Estado-- la existencia de un fraude a favor de la Liga Nacional para la Democracia (NLD), el partido de Aung San Suu Kyi, una afirmación disputada por observadores internacionales como la Red Asiática para las Elecciones Libres (ANFREL).

Desde entonces, se han sucedido numerosas protestas y más de 1.100 personas han muerto, así como más de 8.000 han sido detenidas, muriendo al menos 120 bajo custodia, según datos aportados por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

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