La reforma incluye la reducción a la mitad del número de jueces del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo de Apelaciones
ANKARA, 17 Jun. (Reuters/EP) -
La oposición turca y las voces críticas con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, denuncian que el proyecto de ley para reestructurar los tribunales merma la independencia del poder judicial y otorga un mayor control al Gobierno sobre las resoluciones de los magistrados.
El Gobierno turco, que busca retirar a cientos de magistrados y permitir una mayor intervención del presidente a la hora de nombrar a los nuevos jueces, ha destacado que la reforma permitiría destituir a los adeptos del clérigo musulmán Fetulá Gulen y acelerar los procesos judiciales.
La oposición, por su parte, ha acusado a Erdogan de tratar de hacerse con el control de los tribunales, los cuales, según las voces críticas, ya utiliza para intimidar a sus adversarios políticos. Los fiscales han abierto unos 2.000 casos desde que Erdogan llegó al poder en 2014 contra civiles, periodistas, jóvenes y dibujantes por haber proferido insultos contra el presidente.
De aprobarse el proyecto de ley, que se está debatiendo en el Parlamento, los 711 jueces del Consejo de Estado, que lleva los casos interpuestos por los ciudadanos contra el Gobierno, y del Tribunal Supremo de Apelaciones, serán destituidos. Esto permitiría a Erdogan designar a un cuarto de los jueces del Consejo de Estado e introducir a sus aliados en el cuerpo legal más importante del país.
"Esto haría que se consolidara todo el poder en manos de una sola persona", ha aseverado el director del Colegio de Abogados de Turquía, Metin Feyzioglu, que ha descrito los posibles cambios como peligrosos. La reforma reduciría a la mitad el número de jueces tanto en el consejo como en el Tribunal Supremo de Apelaciones, lo que implicaría la derivación de los casos a los tribunales de apelación regionales.
El viceprimer ministro, Mehmet Simsek, ha indicado que la idea es descongestionar el sistema judicial y ha resaltado que parte de las reformas propuestas han sido demandadas por inversores. "La justicia ahora mismo es lenta, lo que supone claramente un problema para la comunidad financiera", ha manifestado Simsek. "Tenemos este sistema donde millones de casos acaban en manos del Tribunal Supremo de Apelaciones y del Consejo de Estado, lo que significa que la justicia necesita ser acelerada", ha añadido.
LA INFLUENCIA DE GULEN
El ministro de Justicia, Bekir Bozdag ha destacado su intención de eliminar la influencia ejercida por el clérigo musulmán Gulen, un antiguo aliado de Erdogan acusado de haber usado su red de contactos dentro del poder judicial y otras instituciones para provocar la caída del Gobierno. El clérigo se encuentra ahora exiliado en Pensilvania.
"Esta claro que algunas personas del poder judicial tienen conexiones con Pensilvania. Para ellos no es importante seguir la Constitución o la ley porque su fidelidad recae en otro lugar", ha afirmado Bozdag. Ankara considera el movimiento liderado por Gulen, que cuenta ya con millones de seguidores en todo el mundo, una organización terrorista.
La relación entre Erdogan y el religioso se vio afectada en 2013 cuando la Policía y la Fiscalía se mostró de acuerdo con la idea de Gulen de abrir una investigación de corrupción a las personas del entorno del presidente. Sin embargo, para la oposición la lucha contra Gulen supone una excusa de Erdogan para reforzar su control estatal.
"El Gobierno dice haber propuesto esta reforma para destituir a los que tengan posiciones cercanas a la de Gulen, pero la verdad es que el objetivo es establecer su propio espacio dentro de los tribunales", ha denunciado el ex fiscal y diputado del Partido Republicano del Pueblo (CHP) Ilhan Cihaner. "Los cambios permitirán al Gobierno echar a cualquier juez cuyas decisiones no le gusten", ha zanjado.
